8 de enero de 2019 00:00

Pruebas psicométricas para frenar abusos contra estudiantes

La maestra Ana Lucía Villavicencio, en una clase demostrativa en el ISM International. La docente Elizabeth Hermosa y la directora Delia Fuertes, del centro Nicolás Jiménez. Foto: Galo Paguay / Julio Estrella / EL COMERCIO

La maestra Ana Lucía Villavicencio, en una clase demostrativa en el ISM International. La docente Elizabeth Hermosa y la directora Delia Fuertes, del centro Nicolás Jiménez. Foto: Galo Paguay / Julio Estrella / EL COMERCIO

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Valeria Heredia y
Elena Paucar. Redactoras (I)

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Escoger entre las opciones sobre cómo resolver conflictos escolares, identificar alertas para evitar delitos sexuales contra estudiantes y señalar el protocolo de acción más adecuado son algunos ítems que recuerda Jessenia Limón.

La docente dirige una escuela pública en Guayaquil, y en octubre rindió la prueba psicométrica de personalidad, dispuesta por el Ministerio de Educación. A mediados de diciembre recibió el resultado en su correo electrónico: “Perfil psicométrico idóneo”.

Las evaluaciones se tomaron a 167 631 docentes y autoridades, como medida para prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo.

El dato representa el 97,4% de los convocados (172 106 personas), según la Cartera.

El objetivo fue identificar características del temperamento, capacidad de liderazgo y resolución de conflictos. Y potenciales factores de riesgo.
Los resultados se entregarán a cada docente. En el Acuerdo Ministerial Mineduc-2018-00066-S se estipula que “los resultados obtenidos en la prueba de personalidad, así como el diagnóstico y el tratamiento serán confidenciales”.

Educación mantiene la reserva, pese al pedido de datos promedio enviado por este Diario. Pero adelantó que ya se están tomando medidas “dentro de lo legal y factible”.

La aplicación estuvo a cargo de Multipruebas, empresa con la que se suscribió un contrato por USD 328 500. El costo individual fue de USD 1,22.

Por la importancia de estas acciones, el Ministerio aún analiza la conveniencia de realizar una prueba similar. “Es necesario estudiar los resultados obtenidos con expertos”.

La docente Jessenia Limón sugiere que se apliquen entrevistas especializadas y pide que se establezcan programas de capacitación. “Hubo miedo por posibles sanciones”, dijo.

Una tensión similar se vivió en la Escuela Nicolás Jiménez, en Quito. Los 44 docentes y autoridades sintieron temor y molestia por la aplicación de la prueba psicométrica. Lo admitió la directora Delia Fuertes, con 25 años en el magisterio. “Se nos consultó de liderazgo e integración. Nos tranquilizamos”. Ahora, esperan los resultados de estas evaluaciones.

El ministro de Educación, Milton Luna, recalcó que los resultados de las pruebas no serán utilizados para perseguir sino para dar seguimiento a los casos que lo ameriten.

Las terapias para los docentes, que se anunció estarían a cargo del Ministerio de Salud, todavía no se concretan. La razón -explicó Educación- “aún no se firma el convenio”.

Jenny Alvarado preside el Colegio de Psicólogos Educativos del Guayas. Y define a las pruebas como una “evaluación de carácter moral” que, difícilmente, dará indicios de trastornos psicosexuales.

En las pruebas proyectivas, por ejemplo, se pide elaborar y describir un dibujo. De esa prueba -dice- saldrán algunos rasgos y luego se debería recurrir a entrevistas para llegar al origen de la posible patología.

“Una prueba fría frente a un computador, sin que se pueda ver a la persona y notar nerviosismo, temblor de la mano o de la voz o la dilatación de las pupilas es un estudio somero”.

¿Solo los profesores de planteles fiscales debían rendir esa prueba? En el caso de los particulares, el Ministerio solicitó a las autoridades que hagan procesos de selección, que se controlan aleatoriamente.

En el ISM International Academy, en la capital, se incluyeron parámetros como declaraciones juramentadas, referencias laborales, pruebas psicométricas, de personalidad y de conocimientos, y clases demostrativas.
Padres y madres también participaron, según la rectora Jenny Vinueza.
Educación -cuenta- ha visitado el plantel, para revisar el sistema de reclutamiento de personal. Las visitas fueron en junio y septiembre. “Pasamos con el 100%”, comentó.

La parvularia Ana Lucía Villavicencio, de 42 años, ingresó en septiembre al centro. El proceso de selección fue estricto -recuerda- pero cree que es positivo porque se busca el bienestar de los estudiantes. Ella, por ejemplo, está a cargo de los niños de 4 años.

A más de las pruebas, Vicente Torres, secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, y Byron Cuesta, responsable de las Juntas de Protección de Derechos de Quito, consideran necesario articular estrategias contra los delitos sexuales en planteles.
La meta es reforzar procesos psicoterapéuticos y socioeducativos en las familias.

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