11 de marzo de 2020 19:56

Alias ‘El Abuelo’, ‘Careniña’ y otros tres fueron sentenciados a 25 años y cuatro meses de prisión

Los sentenciados enfrentaban un proceso por trata de personas con fines de explotación sexual, que derivó en el asesinato de Carolina. Foto: Fiscalía

Los sentenciados enfrentaban un proceso por trata de personas con fines de explotación sexual, que derivó en el asesinato de Carolina. Foto: Fiscalía

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Redacción Seguridad
y Elcomercio.com

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Royce P. (alias 'El Abuelo') fue sentenciado a 25 años y cuatro meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. En el proceso también fueron sentenciados Cristian G., Carlos E., Christian A. y Jonathan P. 

La Fiscalía confirmó en un su cuenta de Twitter, la noche del miércoles 11 de marzo del 2020, la sentencia tras la audiencia de juzgamiento que concluyó en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Según las investigaciones, ‘El Abuelo’ encabezaba una red que se dedicaba a captar adolescentes de entre 13 y 16 años. Ellas eran obligadas a participar en fiestas que se realizaban en su domicilio. El 23 de enero de este año, la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a Royce, un estadounidense de 65 años y los otros vinculados.


Este caso es una de las dos líneas de investigación que maneja la Fiscalía con respecto a esta organización. La primera es de violación con resultado de muerte, por la cual en junio del 2019 fueron sentenciados Cristian G. (alias 'Careniña') a 34 años de prisión y un adolescente a ocho años de internamiento institucional. La segunda, una trama de trata de personas con fines de explotación sexual que, según la tesis de la Fiscalía, encabeza el estadounidense de la tercera edad Royce P.

Royce P., alias 'El Abuelo', de 65 años, lleva detenido en Ecuador desde marzo del 2019, mientras que la Fiscalía investiga el caso que tiene dos aristas: la red de explotación sexual y la muerte de Carolina. En un inicio, la jueza encargada del proceso había dictado arresto domiciliario. Sin embargo, se constató que el domicilio del implicado no ofrecía garantías para este tipo de medida sustitutiva, por lo que fue trasladado a la cárcel de Quito.

El 12 de marzo del 2019 se conoció por primera vez de la posible vinculación de Royce P. con una red dedicada al reclutamiento de adolescentes en la capital, para fiestas en su departamento rentado en el sector del Quito Tenis.

En su perfil de Facebook, el sospechoso, de 65 años, se presentaba como Vicepresidente de una compañía dedicada a los servicios petroleros. Esa red social revela otras actividades de Royce P. en Ecuador, como la convocatoria a jóvenes músicos para audiciones en Quito.

Dos sentenciados por la muerte de Carolina

​El pasado 17 de junio del 2019, un adolescente fue sentenciado a ocho años de internamiento institucional por la violación con resultado de muerte de Carolina, quien fue hallada en el 2018 en un terreno baldío del Comité del Pueblo, norte de Quito. En febrero de 2020, alias 'Careniña' fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión por el mismo caso.

En el proceso se concluyó que antes de la muerte violenta por asfixia, existió agresión sexual. La noche previa al fallecimiento de Carolina –ocurrida el 26 de agosto de 2018– ella salió con el adolescente sentenciado, señaló la madre de la víctima.

Asimismo, Carolina estuvo con el adolescente en uno de los dormitorios del inmueble donde ocurrió el deceso, según los testimonios presentados durante la audiencia de juicio.

Antes del mediodía de ese 26 de agosto, se percataron de que Carolina ya no reaccionaba, la limpiaron, cambiaron de ropa y la dejaron en el lote baldío.

Durante el proceso penal, el adolescente procesado no entregó su ADN para las comparaciones genéticas con las muestras recuperadas del cuerpo de la víctima. Tampoco participó en la reconstrucción de hechos, se negó a entregar su perfil de identidad para compararlo con los videos recolectados durante el proceso y rechazó la práctica de pericias médica, psicológica y de trabajo social. Finalmente se acogió al derecho constitucional al silencio. Es decir: no colaboró con las investigaciones de la Fiscalía.

A inicios de junio, dos adolescentes más fueron sentenciadas por fraude procesal. La decisión se dio “por ocultar los indicios para la correcta administración de justicia”. Esto, puesto que sus testimonios habrían entorpecido las investigaciones que se llevaban a cabo.

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