El aborto por violación vuelve al debate político

La ministra Cecilia Vaca (de negro) y la asambleísta Gina Godoy (a su derecha) en la Cedaw. Foto: Cortesía/ Ministerio de Justicia.

La ministra Cecilia Vaca (de negro) y la asambleísta Gina Godoy (a su derecha) en la Cedaw. Foto: Cortesía/ Ministerio de Justicia.

La ministra Cecilia Vaca (de negro) y la asambleísta Gina Godoy (a su derecha) en la Cedaw. Foto: Cortesía/ Ministerio de Justicia.

Los boletines de prensa informativos fueron uniformes: la delegación oficial ecuatoriana que expuso la situación de las mujeres en el país ante las Naciones Unidas fue felicitada.

Las declaraciones de las participantes tras la cita de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), realizada el 19 de febrero pasado, daban cuenta de una reunión en la que Ecuador había sido reconocido internacionalmente como un país que respeta los derechos de las mujeres.

Pero los resultados también muestran observaciones. La Cedaw, que examinó el caso de Ecuador en Ginebra (Suiza), publicó ayer, 6 de marzo del 2015, las conclusiones finales de esa evaluación. Allí recomienda despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto, así como estandarizar las condiciones para el aborto terapéutico.

Así un tema de salud pública se toma nuevamente el debate, y se da en un contexto político complejo, cuando se impulsa el nuevo Plan Familia Ecuador, que promueve la abstinencia y los valores familiares como el método para reducir la tasa de embarazos en adolescentes.

Además, llega en un panorama de salud pública preocupante para los sectores sociales, pues 58 mujeres enfrentan procesos penales por presunto delito de aborto desde el 2009.

“Las discusiones parlamentarias sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no abordaron los problemas de discriminalizar el aborto (en los tres casos)”, concluye el informe de la Cedaw.

Pero de hecho, el debate sobre el aborto por violación fue fuerte en octubre y noviembre pasado, en el marco de la aprobación del COIP. Entonces, las asambleístas oficialistas Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía incluso llegaron a ser sancionadas por apoyar la propuesta de que el aborto no sea penalizado en si es producto de abuso sexual.

Justamente Godoy fue la representante del Legislativo en la cita en la Cedaw de febrero pasado. Sus declaraciones tras la cita contrastan con los resultados que ahora muestra el informe. Tal como los boletines de los ministerios, destacó que la delegación ecuatoriana fue felicitada por el Comité de Expertas de la Cedaw por los logros en materia de equidad y no discriminación de la mujer.

Ayer, 6 de marzo del 2015, Godoy señaló que el tema de la despenalización del aborto sí fue abordado por Ecuador ante la Cedaw, pero que la postura fue citar las garantías constitucionales, “que el Estado protege la vida desde la concepción”. Lo dijo cuando ingresaba a una conferencia en la Universidad de Guayaquil.

“El Ecuador tiene una postura y un COIP que contempla qué condiciones son las que no tienen una consecuencia penal”, señaló.

Así, resulta que la reunión con las expertas no fue del todo positiva para la delegación ecuatoriana. Virginia Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos, participó también en la cita en Ginebra, como parte de las organizaciones sociales que trabajan en el tema. Ella señala que la delegación ecuatoriana se quedó sin argumentos para poder responder muchas de las preguntas que el Comité hizo.

“El país aún tiene muchos desafíos y las expertas de la Cedaw les dijeron eso. Les felicitaron por el interés, pero ellas en muchas ocasiones no pudieron contestar, como en el tema del aborto. Lo único que dijo la ministra Vaca es que ellos protegen la vida desde su concepción”, señala Gómez.

El tema se ha tornado político. Esto ya se mostró con la sanción a las legisladoras de parte de su organización política. Además, después de que el presidente Rafael Correa expresara su criterio públicamente y amenazara a las asambleístas con iniciar un proceso de revocatoria de su mandato.

Ahora con el Plan Familia, dirigido por Mónica Hernández, asesora de Correa, el panorama es similar y se dirige igualmente desde Carondelet. Al igual que en la ocasión anterior, es el Presidente quien se refiere al tema desde su sabatina.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado sobre las recomendaciones de la Cedaw. Pero Godoy señala que, al ser justamente eso, recomendaciones, no es una obligación y la adopción o no de esta es algo discrecional para el Estado.

En contexto

En octubre del 2013, durante el debate del COIP, tres asambleístas oficialistas fueron suspendidas 30 días después de que apoyaran públicamente la iniciativa de despenalizar el aborto por violación, a pesar de que Alianza País había acordado mantenerlo como un delito.

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