Para Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se debe definir que se considera servicios administrativos. Foto: EL COMERCIO
Pese a que el Consejo de la Judicatura derogó, el martes 17 de mayo del 2016, el reglamento y otra resolución que determinaba el cobro de tasas por servicios administrativos judiciales, entre los abogados esto no es suficiente. El temor es que las mismas tarifas que se planteaban en las resoluciones se incluyan en el nuevo Sistema Integral de Costas procesales que anunció esta semana el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
“Lo primero es definir lo qué es un servicio administrativo. Porque si a mí me dicen que entregue una certificación del Consejo de la Judicatura que soy abogado y que estoy registrado en el Foro, eso sí es un servicio administrativo. Pero si vamos a definir como servicio administrativo la práctica de pruebas, entonces vamos a vulnerar los derechos de los menos favorecidos”, dijo Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en una rueda de prensa realizada la mañana de este jueves 19 de mayo del 2016.
Según el Consejo de la Judicatura, los servicios administrativos judiciales eran las copias certificas, las actuaciones e inspecciones judiciales que implicaba la movilización de funcionarios y por comparecencias a través de video conferencia.
Para García, en cambio, estos no son servicios administrativos, sino “actividades probatorias”. Puso como ejemplo un juicio por inquilinato, en donde un arrendatario quiere probar que el dueño de casa le quitó el agua y cambió las cerraduras de la casa. Para probar esto -dijo el jurista- la persona debe solicitar una inspección judicial. “Y si no tenía USD 48 (valor que fijó la judicatura) no podía probar”.
La Judicatura exoneró de estos pagos a las materias como familia, niñez, laboral y penal. Sin embargo, para García, en las demás materias como civil o inquilinato hay un grueso de usuarios que no cuentan con los recursos necesarios.
Además explicó que la Constitución actual garantiza al acceso gratuito a la justicia. “De acuerdo a nuestra Constitución, el servicio de justicia no es cobrado… entonces, por ejemplo, si se llega a imponer tasas por actividades probatorias como prácticas de diligencias judiciales, inspecciones o comparecencias de testigos, miren que no es cualquier persona, sino un testigo, estamos cobrando por justicia”.
García aseguró que el Colegio de Abogados está abierto al diálogo con el Consejo de la Judicatura, una vez que esta entidad hizo un llamado para que académicos y abogados aporten en la creación del nuevo Sistema Integral de Costas Procesales.
Jalkh manifestó, a través de un boletín de prensa, que este texto deberá estar listo el próximo mes.
