Abogados plantean denuncia a Ministro de Salud ante Fiscalía General del Estado por el plan de vacunas

Ante las críticas de médicos sobre falta de transparencia en el proceso de inmunización contra coronavirus, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) conformó la Plataforma de Contraloría Social al Plan de Vacunación covid-19. En total, 12 gremios integran esta agrupación.

Se trata de la Federación Médica Ecuatoriana, la Confederación de Jubilados del Ecuador, el Foro de la Salud Pública, el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha, Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina, Universidad Central, Capítulo Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Frente Unitario de Trabajadores, Cabildo Cívico de Quito, Unión Nacional de Educadores, Confederación de Servidores Públicos y la Confederación de Profesionales de la Salud.

Su objetivo será, dijeron en un comunicado, vigilar la transparencia del proceso de vacunación contra el covid-19 en Ecuador. Las primeras 8 000 dosis llegaron el miércoles 20 de enero del 2021 y un día después arrancó su aplicación.

El viernes se presentaron denuncias sobre personas que se vacunaron sin estar dentro del grupo prioritario o en primera línea de contagio. Dos casos ocurrieron en el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, donde se inmunizó a dos personas que no estaban en el listado. También médicos de Azuay piden explicaciones sobre número de vacunas ofrecidas.

A esto se suma que se destinó un grupo de fórmulas para el Hospital de Los Valles y un condominio residencial de adultos mayores. En este último -según el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Juan Carlos Zevallos- habitan “varios familiares” suyos. El Ministerio no ha dicho cuántas vacunas.

En ese sentido, también la agrupación Acción Jurídica Popular, colectivo de abogados, colocó una denuncia por presunto tráfico de influencias, durante el proceso de vacunación contra covid-19, el martes 26 de enero del 2021.

“Colocamos la denuncia por presunto tráfico de influencias, en el que ha incurrido el Ministro de Salud Pública al destinar vacunas para beneficio exclusivo de personas que están relacionadas directamente con él. Presentamos ante la Fiscal General del Estado”, señaló el abogado Santiago Machuca, integrante de este grupo, este miércoles 27 de enero del 2021.

Él también comentó que “es indignante que ante la escasez de vacunas que ha traído el Gobierno, estas sean mal utilizadas o estén siendo usadas con fines personales”.

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 285, se cataloga con esta figura a quien use sus jerarquía o influencia para obtener "un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros". La sanción es de tres a cinco años de pena privativa de la libertad, dijo Machuca.

En el documento entregado el martes 26 de enero del 2021 se hacen varias solicitudes. Por ejemplo, se pide el listado de los trabajadores que recibieron las vacunas en el sanatorio y el total de dosis administradas; al igual que el detalle de los adultos mayores y cuidadores del condominio residencial, ubicado cerca de la casa de salud. Machuca señaló que esperan una respuesta oficial de parte de la Fiscalía.

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