Este lunes 10 de septiembre del 2018, una jueza aceptó la prelibertad de Luis Guanotasig, acusado de intento de magnicidio en el 30-S. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO
Edwin Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez, policía que murió durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010 (30-S), reveló este lunes, 10 de septiembre del 2018, nuevos datos sobre el caso.
El jurista aseguró que tiene en su poder el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre ese día y que fue elaborado por el general Jorge Peña, director de Operaciones.
En ese documento, según el defensor, se confirmaría que durante la evacuación del presidente Rafael Correa, internado en el Hospital de la Policía, se prohibió el uso de armamento letal. “La disposición explícita que se da… se dijo que quedaba prohibido la utilización de armamento letal”.
Durante la protesta se registró una balacera y una de las municiones perforó el chaleco antibalas de Jiménez, quien ese día protegía el vehículo donde iba Correa.
Según el abogado, el informe militar establece que el 30-S, Correa se contactó con el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, mediante una llamada telefónica y que le dispuso que se realice su rescate. Por eso, Romero pedirá al fiscal del caso que llame al expresidente, prófugo en Bélgica por otra investigación, para que rinda su versión.
Sandra Jiménez, hermana de la víctima, ha indicado que los dos militares procesados por la supuesta ejecución extrajudicial del uniformado, confirmaron que en esa operación “nunca se rompió la cadena de mando”. Ella aseguró que uno de los uniformado aceptó que el armamento que se empleó esa noche fue fusiles HK calibre 2,23 mm.
Este lunes, en un segundo caso sobre el 30-S, la jueza Catalina Sánchez concedió la prelibertad para Luis Guanotasig, acusado de tentativa de magnicidio.
Al conocerse la sentencia, amigos familiares y miembros de la Asociación de víctimas del 30-S aplaudieron y se abrazaron.
Guanotasig fue condenado a 12 años de prisión y debía cumplir esta pena en la Cárcel N° 4, en Quito.
El policía estuvo privado de su libertad cuatro años 10 meses y 15 días. La jueza dijo que el tiempo restante al que fue sentenciado deberá cumplir mediante actividades que realizará una vez al mes, por cuatro horas, en la cárcel de El Condado.