30 de agosto de 2018 14:54

Abogado de Froilán Jiménez critica que militares no colaboren con la justicia

Homenajes por el 30-S en los exteriores del Hospital de la Policía, en la avenida Mariana de Jesús. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Reconstrucción de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S). Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Los cuatro militares que fueron llamados para entregar su versión sobre la muerte del policía Froilán Jiménez, durante los hechos del 30 de septiembre del 2010 (30-S), no acudieron a la Fiscalía de Pichincha, este jueves 30 de agosto del 2018.

En lugar de ellos, a la Fiscalía de Pichincha llegaron otros dos miembros del Ejército, quienes no dieron declaraciones. Estos uniformados eran asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas, quienes entregaron un escrito para que se aplace la fecha de la versión.

Para el abogado de la familia Jiménez, Edwin Romero, las Fuerzas Armadas han hecho caso omiso de la disposición del fiscal Fabián Salazar. “Sigue el encubrimiento y hay una confabulación en la cadena de mando del Comando Conjunto para poder guardar las providencias fiscales”. Para el jurista, la versión de los militares es importante para conocer quién dispuso la intervención en el Hospital de la Policía, en donde se había refugiado el expresidente Rafael Correa, y la utilización de munición tipo militar.

En este caso, la Fiscalía de Pichincha dispuso a la Brigada de Capturadores de la Policía para que los llamados a rendir su versión sean retenidos y se los traslade a sus oficinas. “Esta dispuesta la aprensión y haremos la solicitud a la Policía Judicial para que se cumpla”, dijo el abogado.

El asambleísta César Carrión también asistió a la Fiscalía para acompañar al abogado de la familia Jiménez. “Hoy fue una diligencia de cotejamiento de identidades”. Según el funcionario, el 30 de septiembre del 2010 “fue una farsa”. “No puede ser que altos funcionarios hayan manipulado el informe del 30-S”, agregó.

Después de ocho años de las protestas policiales, para la hermana de Froilán, Sandra Jiménez, la situación sigue igual. “Justicia no dice nada, el poder Ejecutivo y Legislativo tampoco se pronuncia”. Para la familiar de la víctima, existieron irregularidades y violaciones en el proceso.

Sandra afirmó que ha tenido que hacer colectas entre hermanos para poder ir a Quito y solicitar que la justicia o los asesores del gobierno los atiendan. Pero esto no ha tenido efecto.

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