Ingeniería es la segunda profesión que predomina en la Legislatura, seguida por la docencia y la comunicación. Foto: Archivo EL COMERCIO
En la Asamblea Nacional hay 38 legisladores que tienen un título de abogado registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Con esta cifra, la Legislatura actual refleja la tendencia histórica de los parlamentos ecuatorianos: la mayoría de sus integrantes prefirió estudiar derecho.
Esta profesión dominaba el espectro político antes de 1978, cuando volvió la democracia al país. Poco a poco, los perfiles laborales se diversificaron y se empezaron a involucrar otros profesionales, pero también lo hicieron ciudadanos vinculados al trabajo con la comunidad que no poseía un título. De hecho, actualmente, 29 legisladores (21% del Pleno) no tiene título alguno registrado en la Senescyt, según la lista oficial de la Asamblea en la que aún consta Abdalá Bucaram Pulley.
Sobre la profesionalización dentro del Legislativo existen dos corrientes: una que sostiene que los miembros de un parlamento deben tener la mejor preparación, pues de ellos dependerá la elaboración de las normas; la otra señala, en cambio, que al ser un espacio de representación, la presencia de ciudadanos diversos garantiza la participación democrática, más allá de su nivel de preparación.
El analista político Simón Pachano asegura que no se pude tomar partido pues ambas posturas tienen elementos válidos. Destaca que el Parlamento tiene que ser representativo y acoger a todos los sectores, pero a la vez, sus integrantes deben tener buena capacidad.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, pertenece al grupo de legisladores que no tiene registrado ningún título. Para ella, se desterró la vieja idea de un Congreso encerrado entre “iluminados” en donde los abogados comandaban la tarea legislativa. Ratifica que es importante la técnica pero mucho más la representación de personas que vienen de organizaciones y movimientos sociales de base.
“Hemos vivido la falencia de acceso a derechos y servicios y esa visión nos permite tener una realidad más palpable al momento de tomar decisiones”, asegura. Ahora ella culminó sus estudios en gestión para el desarrollo local sostenible.
Más allá de los abogados, el segundo grupo que actualmente copa la Legislatura son los ingenieros cuya presencia en el Pleno es del 15%, seguido de los profesores con el 12% y periodistas que llegan al 5%.
El oficialista Mauricio Proaño es ingeniero agrónomo y destaca que estos conocimientos le han sido de utilidad para tramitar la Ley de Tierras y la Ley de Aguas. Se refiere a una “complementariedad” que es valiosa y más aun cuando un legislador tiene profundos conocimientos científicos.
Sobre los estudios superiores, según la Senescyt, el 26% de los asambleístas posee un título de cuarto nivel. En este caso el 28% es oficialista y un 22% opositor. Luis Fernando Torres (Tiempo de Cambio) no tiene registrada ninguna maestría, pese a que él estudio gobiernos comparados en la Escuela de Economía del Londres. Asegura que si un legislador tiene título es una ayuda pero no algo imprescindible. “Más importante que el título es demostrar conocimiento de los temas y facilidad para dar soluciones”, dice.
En contexto
El 14 de mayo del 2015 los miembros de la Legislatura cumplirán dos años en funciones. Este tiempo ha sido aprovechado por algunos legisladores como Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández o Mariángel Muñoz para continuar sus estudios.