Tras la orden judicial de arresto domiciliario, Abdalá Bucaram fue conducido a su casa en la ciudadela Kennedy de Guayaquil, cerca de las 07:30 de este jueves 13 de agosto del 2020. Foto: Captura de pantalla
Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de Ecuador, tendrá custodia policial permanente. Al amanecer de este jueves 13 de agosto del 2020, una jueza de Quito lo procesó por el delito de presunta delincuencia organizada, en un expediente para investigar su relación con los ciudadanos israelíes identificados como Shy Dahan (asesinado) y Oren Sheinman, que involucraron a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, en negocios ilícitos, y fueron atacados en la Penitenciaría el pasado 8 de agosto.
Bucaram Ortiz, abogado guayaquileño de 68 años, recibió este jueves 13 de agosto orden de arresto domiciliario, la medida cautelar más severa en su contra desde el 3 de junio del 2020, cuando se abrieron procesos para investigarlo por presunto tráfico de armas (usa un grillete electrónico) y presunto tráfico de bienes patrimoniales (ademas del uso de grillete cumplía con la presentación permanente ante las autoridades judiciales).
¿Por qué se dispuso arresto domiciliario?
En el numeral 2 del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) reza que “sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica… cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad”.
La medida cautelar de arresto domiciliario puede estar vigente hasta que se confirme la participación del procesado en un delito; es decir, hasta que se emita sentencia ejecutoriada.
El COIP tipifica el delito de delincuencia organizada: “La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.
La Fiscalía señala que el caso no solo se enmarcaría en este delito. Se investigan otros hechos, que involucrarían a Bucaram y a tres miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.
Fiscalía investiga cinco delitos conexos
Los cuatro procesados la madrugada de este jueves 13 de agosto del 2020 habrían conformado “un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil)”, aseguró la Fiscalía, en la audiencia de formulación de cargos que se efectuó en Quito, en la cual participó Bucaram por vía telemática desde Guayaquil.
Una de esas actividades sería la obtención de “beneficios económicos”, varios de ellos “en el contexto de la comercialización de pruebas para covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria” en Ecuador.
Según Fiscalía, hay cinco figuras delictivas conexas a la presunta delincuencia organizada. Se trata de “una serie de delitos que se están investigando como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida”.
Más de treinta elementos de convicción presentó la Fiscalía en la audiencia, como informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa). Asimismo, dio a conocer seguimientos y vigilancias, la denuncia de un presunto afectado, versiones de agentes investigadores, pericias forenses-informáticas de la información de fuentes abiertas, el parte informativo de la investigación, reportes bancarios, entre otros.
Prisión preventiva para tres agentes de la AMT de Quito
La audiencia del caso se instaló la madrugada de este jueves en Quito. Por razones médicas, Bucaram no participó presencialmente. Pero los otros tres investigados sí. Tres uniformados que formaban parte de la caravana presidencial fueron procesados; se trata de Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R., integrantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, que se encargaban de facilitar el tránsito de la escolta presidencial.
La mañana de este jueves 13 de agosto la jueza ordenó la prisión preventiva de los tres agentes. Son investigados por su relación con los dos ciudadanos israelíes, los cuales aseguraron que las credenciales falsas de la DEA fueron obtenidas a través de un hombre identificado como Bryan, que tenía contactos con miembros de la caravana.
Según las versiones de los extranjeros, este hombre era su amigo y vecino del departamento arrendado en el sector de la Gonzalez Suárez, en el norte de Quito. Dijeron que a él le vendieron mascarillas a USD 3,85, que posteriormente las habría revendido a USD 12 en instituciones públicas.
Bryan les habría pedido a los israelíes depósitos y transferencias para enviar el dinero directamente a la cuenta de uno de los agentes, por documentos y “por protección”. El objetivo era burlar los controles que se dispusieron en el país por la emergencia sanitaria. Ellos detallaron que motorizados de la AMT incluso acompañaban a Bryan en la entrega de mascarillas en Quito.
Más de dos meses de investigaciones
La investigación del caso se inició en mayo del 2020, por la posible relación de los cuatro ciudadanos –ahora procesados– con los ciudadanos israelíes detenidos en Santa Elena, dijo la Fiscalía.
Los israelíes habían sido encausados por os presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado y falsificación y uso de documento falso.
El sábado 8 de agosto del 2020, Shy Dahan fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Oren Sheinman resultó herido. Bucaram fue detenido la madrugada del miércoles 12 de agosto, un día después de que admitiera que el audio de una conversación telefónica entre él y Shy Dahan, cuando este estaba preso, era real.
Con esta nueva imputación, el expresidente suma un tercer proceso judicial en su contra. Lo mismo ocurre con su hijo mayor, Jacobo. Él también es señalado en este caso y ayer 12 de agosto del 2020 se conoció que se emitió una nueva boleta de detención. Además, otros dos hijos del exmandatario enfrentan procesos legales.
La Policía aún no ubica a Jacobo Bucaram, pero dice que ya tiene establecido un cerco para su captura. La relación de Jacobo con los israelíes se origina cuando los extranjeros afirmaron en la Fiscalía que él les entregó USD 400 000 por fármacos. Las transacciones económicas se habrían realizado a través de transferencias bancarias y pagos en efectivo.
