30 de noviembre de 2018 00:00

659 familias viven en casas fisuradas por sismo de 2016

Dueños y arrendatarios del bloque Tamarindos, en Portoviejo, hicieron reparaciones no adecuadas luego del sismo. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Dueños y arrendatarios del bloque Tamarindos, en Portoviejo, hicieron reparaciones no adecuadas luego del sismo. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

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Bolívar Velasco

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El ligero bamboleo que se siente dentro de los bloques de viviendas de Manta y Portoviejo no borra las huellas de las réplicas del terremoto del 16 de abril del 2016, para las familias que los habitan. A ratos, el movimiento en estas estructuras de cinco pisos se percibe como un leve asentamiento que hace pensar a los ocupantes como si la tierra se los estuviera absorbiendo lentamente.

Johana Vera vive en el último piso del bloque El Palmar, en Manta. Ahí, la continua vibración, provocada por el paso cercano de vehículos, agravó las fisuras y grietas de las paredes que se afectaron tras las réplicas del terremoto que aún se registran en esta zona.

Las cuarteaduras aparecen como líneas desde las columnas hasta las vigas, como lo muestra Carlos Betancourt, habitante del bloque Los Tamarindos, en Portoviejo. Con su dedo índice, muestra cómo su casa está rodeada de grietas. “Creo que los daños son internos porque la abertura sigue creciendo”. Mientras lo explica enseguida se escuchan los pasos de su hija que aumentan el movimiento de todo el departamento mientras ella sube por las escaleras.

El Comité de Operaciones de Emergencias de Manabí identificó el año pasado a estos edificios, como las primeras infraestructuras que presentaron nuevas afectaciones después del sismo del 2016.

En principio, los departamentos construidos por el Banco de la Vivienda hace más de tres décadas presentaron daños leves. Actualmente en la fachada exterior de casi todos los bloques se observan pilares con reconstrucciones improvisadas, con perforaciones cubiertas con maderos o plásticos. Los gastos de esas reparaciones los costearon los propietarios de cada inmueble.

En todos estos bloques de las dos ciudades viven 659 familias que fueron registradas en un censo cuyos resultados se publicaron el 21 de noviembre. Cada bloque está habitado por cinco familias.

La evaluación fue impulsada por los ministerios de Inclusión Económica y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Gobernación de Manabí, en el marco de un proyecto de intervención de estos multifamiliares en los que se estima una inversión de USD 7 millones.

Parte de este financiamiento será solventado por los propietarios a través de un copago.

Según el gobernador, Xavier Santos, este plan también contempla la búsqueda de otros casos de infraestructuras e inmuebles que hayan sido afectados por las réplicas del sismo. Hasta mayo pasado (corte del último reporte público), la Secretaría de la Reconstrucción invirtió USD 575 millones en construcción, reparación y edificaciones de viviendas en terrenos urbanizados por el Estado para los afectados por el terremoto.

Un estudio técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, presentado con el censo, sugirió que los bloques de Portoviejo y Manta pueden ser reforzados. Los trabajos en detalle que se deben realizar dependerán de las facilidades que den los propietarios para acceder a las intervenciones, informó el Miduvi.

No todas las familias se han mostrado accesibles, pues dicen que llevan mucho tiempo entregando sus documentos y no les dan soluciones.

María Colmenares es de Venezuela y vive desde hace un año y medio en el segundo piso del bloque Los Tamarindos, en Portoviejo. Por la renta de un departamento paga USD 130 al mes, pero también ha corrido con los gastos de las reparaciones que hizo en una pared que se cuarteó y de un pilar fisurado.

“En estos días lo hemos seguido parchando porque cuando hay sismos leves se abre la fisura”, cuenta. Ella hace un esfuerzo para mover a otro sito los materiales que su esposo llevó para las adecuaciones.

El ministro de Vivienda, Xavier Torres, dice que los propietarios tienen hasta el 5 de diciembre para que entreguen la documentación que certifique que son los dueños de los departamentos.

Hasta que no se tenga toda la información, los trabajos de mejoras no podrán arrancar.

Según el Miduvi, de las 659 familias registradas en los departamentos, 173 no son las propietarias de esos bienes.

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