8 de September de 2009 00:00

El 58,8% de las camaroneras de Puná debe cumplir con la regularización

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Redacción Guayaquil
guayaquil@elcomercio.com

Las camaroneras que tengan accionistas  en paraísos fiscales (Panamá, Islas Vírgenes y otras) no podrán seguir con la concesión en  playas y bahías de la isla Puná (Golfo de Guayaquil).



El 32% no está afiliado
El informe    revela que de las 233 empresas camaroneras que operan en la isla solo 137 registran planillas de pago en el IESS.
En 116 camaroneras  se registraron a 1 359   trabajadoras de los cuales 446 (32%) no están afiliados al Seguro Social. 
Según el presidente  Rafael Correa,   la mayoría de los empleados llega  de Machala y no de la isla Puná.Así lo dijo el presidente Rafael Correa, el sábado pasado, luego de conocer un informe sobre la situación de la industria camaronera de la isla. Ahí existen 14 992 hectáreas distribuidas entre 277 propietarios, cuyos  ingresos por exportación del crustáceo son de  USD 118 millones por año.

Correa dijo que se van a prohibir las concesiones de terrenos  a las empresas   que tengan  accionistas en los paraísos fiscales. “Todo eso es para hacer trampas y no pagar impuestos”, señaló el Mandatario en la cadena sabatina.

Según el Gobierno, entre  las empresas que operan en Puná y que tendrían accionistas en paraísos fiscales están Omarsa, Naturisa, Alquina Marina, Italicud, entre otras. Correa además dio los nombres de los administradores y accionistas de varias camaroneras como Sandro Coglitore,  Grupo Quirola, entre otros.

Un informe de la Subsecretaría de Acuacultura, revela que de las 14 992  hectáreas  solo 8 692,9 están ubicadas en las playas y bahías de Puná. La diferencia se ubica en tierras altas, es decir son de propiedad privada.

El Estado es el encargado de entregar las concesiones en las playas y bahías. José Centanaro, subsecretario, dijo que en el catastro se  registró que el 58,8% de las piscinas ubicadas en la zonas de playas y bahías son irregulares. “Son más de 4 000 hectáreas que no tienen el permiso para ejercer la actividad acuícola. Pero además no cumplen otras leyes como afiliación  al Seguro Social, certificados de salud, pagar los impuestos y estar al día en el Seguro”.

Centanaro contó que el estudio se hizo en 60 días con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Laborales y el Servicio de Rentas Internas. “El Presidente dio  plazo a las camaroneras para que se regularicen hasta marzo de 2010. Pero el plazo para  que  paguen  impuestos y afilien a  los empleados es inmediato”.

César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, defendió  a su gremio y dijo que no todas las empresas tienen concesiones en Puná.  “Omarsa no tiene piscinas en las zonas de playas,   así que no le pueden revertir sus concesiones. Además,   no es malo que las empresas tengan una parte de sus acciones en paraísos  fiscales mientras paguen todos sus impuestos”.

Monge recordó  que  el sector privado   pidió al Gobierno que regularice la actividad y que ponga como plazo hasta marzo de 2010. “En las declaraciones del Presidente  no hubo cosas nuevas. Eso le hemos pedido hace tiempo y el Estado deberá hacer lo que debe para hacer  cumplir sus obligaciones”. El próximo catastro se hará en  laboratorios de larvas, reproductores  y nauplios.

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