Redacción Ecuador
Los 41 detenidos durante el paro de los transportistas, que se cumplió el martes pasado en Loja, pidieron la nulidad del proceso legal seguido en su contra por parte de la Fiscalía.
Los detenidos fueron acusados de sabotaje y terrorismo, tras la protesta que privó a los lojanos del servicio de transporte público de taxis y de buses. Los choferes protestaron para exigir a las autoridades locales control a la proliferación de taxis ilegales.
El proceso fue iniciado por el fiscal Penal del Distrito de Loja, Rodrigo Montero. Él comenzó la investigación a través de una instrucción fiscal en contra de los detenidos. Entre los involucrados están dueños y conductores de las unidades y hasta personas particulares, según el presidente de la Unión Provincial de Taxistas de Loja, José Rodríguez.
Los detenidos están en libertad por una medida alternativa a la prisión que dictó el Juez. Según esta medida, los imputados deben acudir cada 15 días al Juzgado Tercero de lo Penal. Ahí tienen que registrar su asistencia para dejar constancia de que están en Ecuador. “Eso se cumple, porque también se les prohibió la salida del país”, explica el juez Tercero de lo Penal, Humberto Aguilera.
Guillermo Sagbay, defensor de los imputados, argumenta que la protesta se cumplió en lugares diferentes y que las personas fueron detenidas en distintos sitios. “Por ello, no podía levantarse un solo proceso”, añadió.
En su opinión, no se trata de una pandilla ni de un delito de asociación ilícita. Por esa razón alegó la inconstitucionalidad e ilegalidad del proceso, así como de la detención preventiva y la medida alternativa dictada.
Sagbay considera que no hay causales para la demanda por sabotaje. “No hubo enfrentamientos ni bombas molotov ni asaltos y peor muertes. Tampoco se han identificado a los autores del supuesto delito”.
Hasta tanto, se espera que la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja resuelva sobre el recurso de apelación presentado el jueves pasado por los demandados. Sagbay pide la revocatoria o nulidad de esa instrucción fiscal, así como de la medida cautelar de prisión preventiva o medida alternativa.
Los jueces de la Sala de lo Penal tienen que fijar una audiencia con los implicados, para analizar la procedencia o no de esos recursos planteados.
Mientras tanto, los demandados continúan laborando con normalidad y los dirigentes esperan que el Cabildo apruebe la ordenanza para controlar al transporte ilegal en la ciudad.
El sábado pasado, en su enlace, el presidente Rafael Correa anunció que los detenidos por el paro en Loja serán enjuiciados penalmente, porque afectaron a los derechos de otras personas.