Redacción Guayaquil
El Consejo Provincial del Guayas está a la espera de que el portal de compras públicas oficialice la empresa adjudicada para la auditoría técnica de personal. Esta determinará cuáles y cuántos empleados permanecerán en la institución.
El prefecto Jimmy Jairala anticipó, para esta semana, el inicio del proceso de dicha auditoría. Hasta el viernes, la Universidad Espíritu Santo era la única entidad que había presentado una propuesta para establecer cuántos de los 1 150 empleados que están en la nómina se mantendrán.
Contratos sin firmas
El 12 de agosto pasado, Jimmy Jairala denunció, entre otras irregularidades, que encontró personal con contratos sin las firmas de los ex prefectos Nicolás Lapentti y Jaime Nogales.
Dos días después, el ex director de recursos humanos, Alejandro Zaldúa, dijo que se trató de una omisión no intencional y que 450 trabajadores fueron asumidos por el Mandato 8.Desde el viernes, tanto el galpón norte de la avenida Pedro Menéndez, donde se encuentra la maquinaria y equipos de la Prefectura del Guayas, como el edificio en el Malecón Simón Bolívar tienen reguardo de la Fuerza Pública y de personal privado.
Ese día, alrededor de 300 empleados del Consejo recibieron la notificación de que ya no laboraban en la entidad y se les impidió el ingreso a las dependencias.
En ese grupo, dijo el Prefecto del Guayas, están 82 personas que se mantenían trabajando en el Consejo Provincial con contratos que no tenían la firma de Nicolás Lapentti, el anterior prefecto. También fueron destituidas más de 200 personas con contratos vencidos y varios con nombramientos firmados a última hora.
A ellos se suman 50 empleados despedidos una semana antes. Todos ellos alistan una demanda ante las autoridades laborales.
Frente al reclamo público de algunos de los afectados, la autoridad no descartó que se haya podido cometer uno que otro error. “Se van a revisar los casos y de ser así será corregido, incluso, el de una trabajadora embarazada”.
Jairala explicó que solicitó la protección de la fuerza policial con el fin de garantizar el orden y la seguridad del personal y de las instalaciones, ante eventuales reacciones de las personas que fueron despedidas.
El viernes, los empleados despedidos causaron, por varias horas, un caos vehicular en la zona, especialmente en el ingreso y salida de los túneles de los cerros del Carmen y Santa Ana.