1 de octubre de 2019 14:18

Una Comisión revisará los fallos de jueces en los casos del 30-S

Enrique Avilés, César Garzón y Leonel Pozo participaron ayer de la conmemoración. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Enrique Avilés, César Garzón y Leonel Pozo participaron este 30 de septiembre del 2019 de la conmemoración. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Diego Puente

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La información no era comprobable, pero se incluyó en los expedientes legales. A nueve años de la insubordinación policial del 30-S, los procesados aún recuerdan cómo los jueces aceptaron pruebas presentadas por la Fiscalía.

Por ejemplo, el mayor (r) Fidel Araujo, procesado por incitación a la rebelión, recordó que en una primera declaración ante la Fiscalía, un testigo protegido lo acusó de haberle ofrecido dinero y una cámara fotográfica con una pistola incorporada para el supuesto atentado en contra del expresidente Rafael Correa.

Luego dijo haber recibido de Araujo USD 5 000. Pero se retractó y en una ampliación de su versión negó haber conocido al mayor. El caso no terminó ahí. La Fiscalía acusó a Araujo y continuó el proceso.

Según el expediente, como pruebas se presentó un registro de llamadas con un capitán de Policía antes, durante y después de la revuelta.

A esto se suman videos en los que, según Fiscalía, él estaba con un chaleco antibalas en las inmediaciones del Regimiento Quito, donde se inició la insubordinación policial.

Los vacíos judiciales en el caso de Araujo y en otros procesados relacionados con el 30-S serán revisados por una comisión del Consejo de la Judicatura y la Mesa de la Verdad y la Justicia, una organización civil que busca responsables por la persecución correísta. Ese fue parte del acuerdo tras la reunión mantenida ayer.

Paúl Jácome, presidente de la Mesa, estuvo en la cita. Él dijo que hubo el compromiso del Pleno de la Judicatura para investigar el accionar de los actuales jueces nacionales que hayan tenido participación dentro de las sentencias por el 30-S. Los jueces provinciales, en cambio, ya son indagados.
Dentro del grupo de magistrados nacionales que ahora son señalados, aparecen quienes en el 2010 eran fiscales.

El excabo Geovani Laso afirmó que el fiscal que llevaba su caso lo acusó “sin pruebas suficientes”. La parte acusadora aseguró que él era uno de los francotiradores que tenía línea de tiro para disparar contra el exjefe de Estado cuando salía del Hospital de la Policía.

Luis Mantilla dijo que levantó el cuerpo de Froilán Jiménez el 30-S. Ayer fue al sitio. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Luis Mantilla dijo que levantó el cuerpo de Froilán Jiménez el 30-S. Ayer fue al sitio. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Laso reconoce haber estado sobre el puente de la Av. Mariscal Sucre, pero niega la acusación. Presentó como pruebas de descargo un informe del rastrillero de la Policía al que habría dejado su arma horas antes. “No tenía en mi dotación ningún equipo con láser, como señala la acusación”.

491 jueces participaron en las sentencias por el 30-S. En el informe de la Mesa están mencionados, porque habrían incurrido en algún tipo de ilegalidad. Quienes ahora reclaman aseguraron no haber podido defenderse legalmente.

Por ejemplo, en el informe consta el proceso de Leonel Pozo Moreira, excoronel de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). Sobre su caso se escribió lo siguiente: “(hubo) pruebas ilícitas e ilegales. Testimonio falso”. El exuniformado viajó ayer desde Guayaquil hacia Quito. Quiso participar en los eventos de conmemoración por las víctimas mortales del 30-S. Estuvo junto con sus compañeros de la CTG, cerca del lugar en el que murió el policía Froilán Jiménez.

Su vinculación al proceso judicial se produjo por una marcha realizada en Guayaquil.

Contó que este evento se planificó durante dos meses y que coincidió con el 30 de septiembre. “Nos cogieron a todos y nos sentenciaron a cuatro años por terrorismo. Ya los pagamos en la Regional junto con delincuentes peligrosos”.

Con las acciones que los sentenciados ejecutaron, además, se busca establecer la identidad de personas que supuestamente ofrecieron dinero y la garantía de declararlos inocentes si alteraban su versión.

Ayer, en la avenida Mariana de Jesús, frente al Hospital de la Policía, se concentraron dos grupos. Uno de estos se identificó con el tricolor nacional. Llevó banderas y flores. Sus arengas fueron a favor del expresidente Correa y en contra del presidente Lenín Moreno.

El otro grupo portaba listones. La mayoría pertenecía al colectivo Víctimas 30-S, que también busca demostrar que hubo una supuesta persecución política desde el Gobierno. Este grupo registró a 195 procesados por el 30-S que buscan justicia .

Solicitaron la desclasificación de los documentos que desde diciembre del 2010 está reservada. Además, se busca declarar el dominio público de las marcas 30-S y Prohibido Olvidar, que fueron registradas por el Gobierno anterior.

También se pedirá al Legislativo un proyecto de ley para que se devuelva a los sentenciados los recursos incautados a través de coactiva.

En la concentración participó el expolicía del Grupo de Operaciones Especiales Luis Mantilla, quien fue uno de los primeros en levantar el cuerpo de Jiménez cuando cayó herido. Hace un mes y medio fue detenido en Riobamba por complicidad en el 30-S.

Pero recobró la libertad porque prescribió el delito. Dijo que también estuvo en el grupo que puso a salvo a Correa, cuando salió del Hospital.

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