Redacción Ecuador
Jasney Medranda es madre soltera y tiene 38 años. Vive al pie de un empinado cerro, en Chone (Manabí).
Su casa es de caña, con vetustas tablas de madera y un oxidado techo metálico.
La vivienda no tiene divisiones. En un solo ambiente están la cocina y las camas de sus cuatro hijos, de 16, 12, cuatro y un año. En el sector no hay redes de alcantarillado, agua potable y electricidad. Junto a la cabaña adecuaron un pozo, que sirve como baño.
Durante las noches, la familia de Medranda utiliza velas y mecheros que funcionan con alcohol industrial. “A veces pienso que estamos en riesgo de morir quemados”.
El abastecimiento de agua es otra hazaña. Medranda acostumbra a alquilar un burro a uno de sus vecinos. El animal carga cuatro recipientes plásticos. Cada uno es para 20 litros. El alquiler cuestas USD 1,60 por cada viaje.
A más de preocuparse por su familia, esta ama de casa también está inquieta por la situación de una vecina, Solanda Ponce. Ella tiene epilepsia y discapacidad mental en menor grado.
Ponce vive en una casa con paredes y techo de plástico. Para cocinar utiliza leña y su cama es una estera, ubicada en una esquina.
En condiciones similares a la de Medranda y Ponce otras 306 familias. Hasta hace seis meses todos ocupaban en una planicie, situada en un pequeño valle, al final de las faldas del cerro. El sitio es una invasión que fue legalizada por el Municipio hace seis años.
En esa planicie, en la actualidad, se construye el Conjunto Habitacional Reasentamiento de Chone. El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).
Esas casas serán ocupadas por los vecinos de Medranda y Ponce y por los damnificados del invierno de 2008. “Ojalá no sea un engaño, porque mi sueño es tener una casa decente y propia”.
Lety Solórzano, otra vecina, recuerda que el Patronato Municipal y el Ejército realizaron un censo a los habitantes de la invasión y a los damnificados del invierno. “Pero ninguna de nosotras está segura de estar en el listado, porque vino mucha gente de afuera”.
El mismo temor tiene Fabiola Saldarriaga, Aunque tiene un documento. Es un acta que le entregó el Patronato de Amparo Social, en la última administración del ex alcalde Dan Vera. El documento le garantiza que será acreedora a una de las casas.
En la explanada, las pequeñas viviendas empiezan a tomar forma. A cargo de la fiscalización está José Luis Espinoza. Él, mientras recorre la obra, comenta que el Miduvi adjudicó este programa de vivienda a 14 contratistas. “Se les entregó el 100% del anticipo”.
Cada constructor es responsable de 12, 14 y hasta de 26 viviendas. El plazo que resta es de 90 días, para los quienes tienen menos 25 de soluciones habitacionales y de 120 días, para quienes tienen más casas a su cargo.
Allí, el Miduvi invierte USD
1 540 000. Espinoza comenta que una vez terminadas las casas se sortearán entre familias que tengan las actas legalizadas por la Municipalidad.
Cada vivienda tiene un dormitorio máster, dos habitaciones adicionales, una sal comedor, baño y una pequeña cocina. Dos viviendas se levantan sobre terrenos de 7 x 14 metros.
Jasney Medranda se encarga de preparar el almuerzo y la merienda para 22 de los albañiles. Así consigue dinero para mantener a su familia, mientras espera la entrega su casa.