25 de septiembre de 2018 00:00

14 entidades participarán en las designaciones de las nuevas autoridades

Fabián Neira (izq.) fue posesionado como titular de la ‘Súper’ de Ordenamiento Territorial encargado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Fabián Neira (izq.) fue posesionado como titular de la ‘Súper’ de Ordenamiento Territorial encargado. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política

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La institucionalidad ecuatoriana se pone a prueba luego de la depuración ejecutada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t), con los nombramientos de las nuevas autoridades de control.

17 entidades, entre funciones e instituciones del Estado, deben presentar candidatos para las selecciones.

El punto más importante, según los propios integrantes del Cpccs-t, es que las candidaturas que se presenten y quienes sean designados tengan independencia total del poder político.

De los 28 funcionarios que fueron cesados por la entidad, a través de evaluaciones, la mayoría fue señalada por nexos con el Régimen anterior, lo que devino en incumplimiento de funciones.

El objetivo ahora es que se presenten “nombres de personas con experiencia y preparación en cada área específica y que además puedan demostrar probidad”.

Cinco superintendentes, nueve jueces y 10 integrantes (titulares y suplentes) del Consejo de la Judicatura (CJ) deben nombrarse a través de candidaturas estatales.

El presidente Lenín Moreno, como representante de la Función Ejecutiva, será el que más injerencia tenga en los nombramientos.

En el caso de las superintendencias de Compañías, Bancos, Control del Poder de Mercado, Comunicación y Ordenamiento Territorial -que son las que están vacantes- el Primer Mandatario es la única fuente de candidatos. Debe enviar tres postulantes para cada caso.

En el caso de la Corte Constitucional, en cambio, además de Moreno participarán las funciones Legislativa (Asamblea Nacional) y de Transparencia. Cada una con nueve candidatos.

En el caso del Legislativo, el Pleno deberá buscar un consenso entre todas las bancadas políticas. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurría con el Régimen anterior cuando Alianza País (AP) tenía mayorías aplastantes, las minorías tienen mayor poder de negociación en las decisiones.

Mientras que en la Función de Transparencia, deberán llegar a un acuerdo entre nueve instituciones que integran esa entidad: las seis superintendencias, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el propio Cpccs-t.

Para la Judicatura, por otro lado, las ternas provendrán de la Corte Nacional, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ejecutivo y el Legislativo.

De las 14 entidades que tendrán que aportar con candidatos para las tres designaciones, 10 tienen autoridades encargadas o subrogantes.

El constitucionalista Ismael Quintana cree que el Cpccs-t debe empezar nombrando a esas autoridades titulares, antes de ir a las designaciones de los cuerpos colegiados. Por ejemplo, en el caso de la Judicatura dice que no sería legítimo que un fiscal y un defensor público encargados postulen a los vocales del órgano que administra la justicia del país.

Sin embargo, el consejero del Cpccs-t, Xavier Zavala Egas, indica que no hay un impedimento legal para esto. Que las autoridades subrogantes o encargadas, al estar ejerciendo las facultades de los titulares, tienen que cumplir con el envío de los candidatos y las ternas.

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