11 de agosto de 2018 17:22

Deudores de 12 entidades accederán a la remisión

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Evelyn Tapia

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Con la nueva Ley de Fomento Productivo se pondrá en marcha un proceso de condonación de intereses, multas y recargos a cambio de que los deudores de 12 entidades públicas paguen la totalidad del capital de sus obligaciones vencidas hasta antes del 2 de abril pasado.

Se trata de una medida para que el Gobierno obtenga liquidez a corto y mediano plazos.

De ahí que los tiempos establecidos para que los ciudadanos y empresas se acojan al beneficio van desde los 90 días hasta los tres años, contados a partir de que la Ley entre en vigencia, lo cual se espera para la última semana de agosto.

No obstante, aún debe elaborarse la normativa secundaria.

Según la disposición transitoria cuarta de la Ley, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberán emitir las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de estos beneficios.

12 entidades se preparan para aplicar la remisión

El plazo para este proceso es de hasta 30 días, después de que entre en vigencia la Ley.

La directora del SRI, Marisol Andrade, aseguró días atrás que apenas se publique la reforma, el ente estará listo para hacer los cobros por remisión.

Con la propuesta inicial del Ejecutivo se esperaba que las arcas fiscales reciban USD 602 millones este año y USD 774 millones hasta el 2020.

Según la administración tributaria, el 88% de beneficiarios serán microempresarios.

Los grandes contribuyentes tienen 90 días para pagar el 100% del capital, y si están en litigio deben desistir del proceso. Los micros, pequeños o medianos que no puedan pagar el 100% del capital en 90 días pueden solicitar facilidades de pago y tendrán hasta dos años para cancelar.

En el proyecto de Ley enviado en mayo pasado, el Presidente planteó la remisión, además, para deudores de Aduanas, de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y del IESS.

Esta última entidad detalló en junio pasado que espera recaudar unos USD 189 millones en este proceso en el cual se reducirán intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora.

En el caso de las deudas con municipios y prefecturas, la Asamblea propuso que la remisión sea una obligación, pero el Ejecutivo vetó ese planteamiento y estableció que sea un beneficio opcional.

En el proceso de tratamiento de la Ley, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea incluyó a morosos de otras siete entidades. Entre ellas, por ejemplo, a los becarios y deudores de créditos educativos de instituciones públicas y del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE), actualmente Instituto de Fomento al Talento Humano. Los deudores podrán suscribir convenios de pago con facilidades de hasta tres años.

Los trabajadores de tres hospitales con glosas de Contraloría también gozarán de estos beneficios. Las casas de salud son: Enrique Garcés, Psiquiátrico Julio Endara y Homero Castanier Crespo.

Otras obligaciones que el Legislativo incluyó en la Ley son las generadas con la Superintendencia de Compañías; las de los agricultores con el Banco Nacional de Fomento en liquidación y de los deudores de la banca cerrada.

Finanzas no ha detallado cuánto variará la estimación de recaudación con los ajustes.

La medida fue una de las que más debate generó durante el tratamiento de la Ley de Fomento Productivo en la Asamblea. El beneficio fue criticado principalmente por los asambleístas del ala correísta.

Mauricio Proaño, miembro de este grupo, argumentó que este mecanismo beneficiará más a las grandes empresas y criticó que el Gobierno haya implementado esta medida, sugerida por los gremios empresariales el año pasado, en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario.

Mientras que asambleístas de partidos como Creo y Madera de Guerrero recordaron que se trata de la quinta condonación o remisión tributaria en los últimos diez años.

En el 2008 y en el 2015 se aplicaron dos amnistías generales, que aportaron al Fisco USD 1 171 millones. En el 2016 se aplicó una parcial, que benefició a Manabí y a Esmeraldas.

Actualmente está vigente la amnistía de la Ley de Reactivación Económica para los afectados por la construcción del Tranvía de Cuenca.

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