25 de September de 2009 00:00

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Enrique Ayala Mora

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Siempre que un gobierno intenta cambiar las cosas encuentra resistencia en sectores de la sociedad. Un régimen progresista o de izquierda, por lo general, se enfrenta a grupos empresariales, financieros y representantes del capital transnacional.

También podría ser que surja una contraposición con un determinado sector social y sus dirigentes. Por ejemplo, Salvador Allende tuvo que enfrentar una larga huelga de los trabajadores de la mina estatal El Teniente, que exigían condiciones laborales que el país no podía pagar.

No sorprende que el Gobierno actual esté enfrentado con grupos de empresarios auspiciantes y beneficiarios del neoliberalismo, aunque a veces ese enfrentamiento se dé con una gran violencia verbal, sin que se tomen realmente medidas de cambio social.

Tampoco es extraño que esté en conflicto con un sector social organizado por llevar adelante reformas  que afectan a intereses corporativos específicos o malas prácticas largamente enraizadas. Ese es el caso del conflicto de las evaluaciones con los maestros, o un sector de ellos.

Pero es preocupante que el Presidente esté enfrentando a prácticamente todo el movimiento social, o lo que queda de él. Se ha dado modos para romper con los trabajadores, con los servidores públicos, con una parte de la dirigencia indígena y  de los maestros, con ecologistas, mujeres y defensores del poder local; con la mayoría de los periodistas, que no son empresarios de la comunicación, a trabajadores por cuenta propia y profesionales.

En muchos casos puntuales, el Gobierno tiene razón al enfrentar privilegios corporativos. Pero lo que está mal es que al hacerlo el Presidente cargue contra todos sin discriminación, que haga víctima de duras agresiones verbales a los que son y a los que no son. Y es peor aún que no tenga una real intención de mantener diálogo con el movimiento social.

En vez de buscar ese diálogo, de robustecer el movimiento social, el Gobierno ha fomentado instancias burocráticas que promueven una presencia estatista en lo que debe ser espacio autónomo de la sociedad; o ha mantenido prácticas clientelares de cooptación de organizaciones que fueron justamente criticadas en administraciones previas.

Para no ir lejos, ese parece ser el objetivo de los llamados ‘comités de defensa de la revolución’, que no parecen tener  intención de organizar políticamente al pueblo.

La administración Correa se propone cambios que la izquierda debe respaldar, sin duda y sin remilgos. Pero el Gobierno no puede seguir acumulando enfrentamientos con el movimiento social en masa cuando en cualquier proceso del mundo donde se quiere impulsar el socialismo ese movimiento debería ser su base organizada para hacer cambios en serio.

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