La Policía llevaba dos años siguiendo el caso. Y llevó a la madre de ocho niños a la Junta Protectora de Derechos, por tres ocasiones. Pero la mujer siempre rechazó los programas sociales. La ciudadana fue imputada por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo infantil y mendicidad. Por esos cargos podría enfrentar una pena de hasta 22 años de cárcel.
La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños y Adolescentes (Dinapen) allanó la vivienda de la familia el viernes 5 de agosto del 2022, ubicada en la cooperativa Cañaveral, en Monte Sinaí (al noroeste de Guayaquil). Los ocho hermanos (dos bebés, cuatro niños y dos adolescentes) fueron ingresados a casas de acogida.
Los niños tampoco asistían a la escuela. Además, eran obligados a pedir dinero o a vender dulces desde las 22:00 a las 2:30 en una zona turística del centro de Guayaquil.
El capitán Andrés Rivadeneira, jefe de la Dinapen Zona 8, dijo que la “medida radical” de judicializar el caso e “institucionalizar a los menores” se tomó tras agotar instancias previas.
“La madre siempre rechazó los programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y la intervención es la única forma de mejorar la calidad de vida de esta familia. Teníamos que precautelar la vulneración de derechos de los que han sido víctimas todo este tiempo los niños”, aseguró.
Niños, víctimas de explotación, estaban desnutridos
Los agentes de la Dinapen hallaron a los menores en una casa en construcción. Dormían en colchones sobre piso de tierra. Y la habitación carecía de parte del techo. La valoración médica determinó además que sufren de desnutrición.
Durante el allanamiento los policías se incautaron USD 300 y cajas de chicles para el trabajo infantil. Rivadeneira llamó la atención sobre las condiciones insalubres de la cocina y del baño del domicilio (con pozo séptico).
“Pero la señora tenía un televisor de 70 pulgadas, un parlante e Internet para su diversión y la de sus parejas ocasionales”, informó el capitán. La madre, identificada como María Eugenia S. A., está nuevamente embarazada, lo que ahonda el círculo de pobreza y explotación, agregó.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la trata de personas para explotación laboral, trabajo infantil y mendicidad en sus artículos 91 y 92. La pena privativa de libertad es de 13 a 16años. Pero cuando la trata ocasiona enfermedades, daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible puede aumentar. Y se plantea una pena de prisión agravada de 19 a 22 años.
La organización Humane Society International (HSI) de la Embajada de Estados Unidos colaboró con cupos en casas hogares en las que se ingresaron los niños.
