El hombre de honor que siempre ha sido Rómulo Barcos ha relatado que el presidente Correa se comunicó con él, el lunes 22 de noviembre, y le juró por sus hijos que el asesinato de su niño de 10 años Bruno Barcos, ocurrido el sábado 20 de noviembre, no quedaría en la impunidad.
Jurar por los hijos nunca puede ser en vano. Por los hijos y por los padres, el principio debe ser el mismo del segundo mandamiento de la Ley de Dios: “No tomarás el nombre de Dios en vano”.
Por eso el juramento debemos reclamarlo al Presidente en el contenido y la fuerza de las palabras de Rómulo Barcos, en respuesta al Presidente, cuando exige justicia también para los otros asesinados por la delincuencia y otras víctimas por hechos de sangre y de privación de sus bienes, y más aún que el Estado garantice el derecho a la vida y la seguridad.
Bien que la Policía Nacional haya encontrado a los autores del crimen a las 48 horas del asesinato, pero no habrá castigo que regrese a la vida a Bruno Barcos. Para honrar su recuerdo lo indispensable es que el Gobierno sepa ordenar las prioridades y los valores orientados a la vida y a la seguridad de los ciudadanos.
Acciones concretas deben realizarse. Una política penitenciaria y carcelaria que lleve a que los mal llamados centros de rehabilitación dejen de ser las centrales de los delitos que se cometen fuera de sus muros y rejas. Una inmediata depuración de la normativa para liberación y reducción de personas condenadas o con indicios graves de la comisión de delitos que impliquen peligro social. Una actualización de la legislación penal y procesal para que no haya presos sin sentencia, liberados por esta circunstancia.
Mientras que a los que están bajo prisión preventiva acusados sin evidencias por los acontecimientos del 30-S, caso del coronel Carrión, por ejemplo, no se les permite siquiera asistir a las diligencias de reconstrucción de hechos y peritajes -afectando a su derecho a la defensa-, en los últimos tiempos han salido miles de personas de los centros de privación de la libertad, por decisión en combo de la Asamblea Constituyente de Montecristi, aun sin nombre de los beneficiados, cual fue el caso de los presos por tráfico de drogas, que debió considerarse caso por caso. Entre ese tráfico, el crimen organizado y la violencia social hay vinculaciones inocultables.
Todo lo anterior enmarcado en una verdadera institucionalidad de las funciones del Estado -Legislativa y Judicial- de los organismos de control y la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en que no se privilegie las conveniencias políticas del poder, sino el bienestar colectivo.
Las solidaridades y los juramentos más que frases, sin decisiones y acciones concretas inmediatas, serían conductas publicitarias de aves de rapiña que se aprovechan de la muerte para hacer noticia.