El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón San Vicente, provincia de Manabí, no provee agua suficiente para las necesidades básicas de la población de Canoa, mientras personas defensoras de derechos humanos que se atreven a denunciar son amenazadas, señaló Amnistía Internacional (AI).
En un informe presentado el 2 de marzo de 2022, la organización defensora de los derechos humanos a escala mundial muestra su preocupación por la falta de acceso al líquido vital de los pobladores de la parroquia San Andrés de Canoa.
Amnistía también ha recibido denuncias sobre amenazas en contra de Luis Ayala, defensor del derecho al agua en Canoa y presidente de la Urbanización Canoa – Miduvi, que “no han sido investigadas con la diligencia debida”.
AI señala en su informe que 108 familias que viven en la urbanización “han tenido un suministro de agua inconsistente a pesar de dos sentencias judiciales que declararon la vulneración del derecho al agua en conexión con los derechos a la alimentación, integridad personal, vida digna e igualdad y no discriminación, así como el riesgo sobre el derecho a la salud, por parte del GAD municipal del cantón San Vicente y la empresa EMMAP-EP”.
La sentencia más reciente estableció que los jueves se destinarán 50 m3, dentro del horario de 17:00 a 18:00; y los domingos se suministrarán los restantes 50 m3, en un horario que será sujeto a confirmación previa entre las partes.
Sin embargo, de acuerdo con información de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y de personas de la comunidad, los martes hay una entrega de agua que no alcanzaría los 50 m3, y hay una inconstancia en la entrega de agua durante los domingos.
USD 40 pagan por un tanquero de agua
Los problemas por la escasez de agua en Canoa se agudizaron en 2020, durante la pandemia del covid-19. Inredh asegura que las más de 100 familias no tienen acceso al líquido ni para los alimentos ni para lavarse las manos.
Además, han dejado de percibir los pocos ingresos económicos que les permitía comprar el agua a tanqueros privados. La provisión a través de estos vehículos cuesta 40 dólares.
Amnistía Internacional ha recibido información de que existen otros procesos judiciales que las autoridades no han cumplido, “dejando a centenas de personas sin acceso integral al derecho al agua”.
Amnistía recuerda al Estado ecuatoriano que el acceso al agua es reconocido por la Asamblea General de la ONU como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Sobre el caso del dirigente Luis Ayala, la organización acota que las amenazas en su contra no han sido investigadas con la diligencia debida a pesar de que él colocó la denuncia ante la Fiscalía del cantón Sucre.
Debido a estas fallas, Inredh presentó una queja formal en la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía, la cual aún se encuentra pendiente de resolución.
Amnistía Internacional exhorta al Estado a que tome las medidas necesarias para garantizar el derecho al agua de los pobladores de Canoa, así como acciones concretas para que las amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos en Canoa sean investigadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, “para garantizar que ellas puedan trabajar en un entorno seguro y propicio sin miedo a sufrir represalias”.
