Según el artículo 205 del Código de la Democracia, a partir de hoy se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el CNE. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Ecuador ingresó oficialmente al periodo de elecciones. Ayer 17 de septiembre del 2020, en una sesión a doble jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el texto de la convocatoria a las elecciones generales del 2021. Con el voto favorable de todos los consejeros, el organismo dio cumplimiento al calendario de los comicios y abrió la fase de inscripción de candidaturas.
Con la votación unánime de los consejeros, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, cree que se abre una oportunidad para el inicio de nuevos caminos que permitan el fortalecimiento del sistema político.
El vocal Luis Verdesoto votó a favor, pero con una salvedad. Explicó que la convocatoria plantea una disyuntiva: se realiza sobre un texto que no está en firme e ignora las impugnaciones. “Por otro lado, la construcción de la democracia en el Ecuador es un proceso que debe consolidarse”.
Con una cadena nacional de radio y televisión, el CNE tenía previsto llamar ayer a la ciudadanía a las votaciones, programadas para el domingo 7 de febrero del 2021. En la convocatoria se incluyeron las fechas del cronograma, los cargos que se van a elegir, su periodo de funciones y el límite de gasto electoral por dignidad.
Así, la fase de inscripción de candidatos, se iniciará hoy 18 de septiembre, y se podrá realizar en línea o de forma presencial en el CNE. Alrededor de 4 280 aspirantes están en carrera electoral.
Cuatro horas antes de difundir la convocatoria, el Pleno designó a los integrantes de las 25 juntas electorales provinciales, quienes a partir de hoy se encargarán de inscribir y calificar las candidaturas provinciales y del exterior.
Antes del nombramiento, el Pleno leyó un comunicado del Ministerio de Finanzas, con el cual se informó sobre el desembolso de USD 1,3 millones para contratar a los miembros de las juntas provinciales.
Finanzas ratificó, además, que se entregarán recursos para los comicios con base en el proceso de optimización que ejecuta desde hace dos semanas. También se comprometió a definir un cronograma de desembolsos. El CNE, días atrás, aprobó un presupuesto de USD 114,3 millones.
El llamado a elecciones, según la presidenta del organismo, Diana Atamaint, es un hito importante del calendario. Considera que desde el 12 de marzo pasado, cuando se declaró el inicio del proceso democrático, el CNE se convirtió en la máxima autoridad electoral. “Se reitera que el Pleno del organismo es la autoridad máxima electoral para todo el país”, manifestó.
Según el artículo 205 del Código de la Democracia, a partir de hoy se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el CNE.
Además, la norma establece que desde la convocatoria y durante la campaña electoral, todas las instituciones públicas tienen prohibido difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias, salvo ciertas excepciones.
A partir de hoy 18 de septiembre, los partidos y movimientos políticos podrán realizar, por su iniciativa, actividades para difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno y planes de trabajo, siempre que no implique contratación de franjas en medios de comunicación.
Luis Verdesoto, consejero de minoría, dice que la idea de que el CNE se convierte en la “máxima autoridad” tras la convocatoria a elecciones no existe en las reformas.
Aclara que la norma establece como una infracción muy grave cualquier tipo de acto que atente contra el proceso. “Antes estaba tipificado. Y eso permitió por ejemplo que (Rafael) Correa, a través de (Jorge) Acosta destituyera a la mitad del Parlamento”, recordó el consejero Verdesoto.
Según el artículo 17 del Código de la Democracia, ninguna autoridad extraña al CNE podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos eleccionarios ni en el funcionamiento de sus órganos electorales.
José Cabrera, vocal de mayoría, mencionó que si algún representante de otras Funciones se interpusiese en la organización de los comicios, podría ser denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Sin embargo, considera que con la convocatoria a elecciones los organismos públicos, como el Ministerio de Finanzas, deben “colaborar y dar las facilidades para llevar un proceso limpio y transparente”.
Tras este tira y afloja con Finanzas, Atamaint dijo que se prevé hacer ajustes en el pago de salarios a los cerca de
40 000 trabajadores que el CNE contratará para el proceso. Reiteró que la idea es que ciertos gastos puedan ser absorbidos por otras instituciones públicas, como el Secap, para el caso de las capacitaciones a los integrantes de las mesas de votación.
Entre los procesos “más urgentes” que requieren recursos consta la adquisición de servidores, para los sistemas informáticos, y la importación del papel especial, para la elaboración urgente de documentos y papeletas.
