Ha pasado un año desde que se realizó la consulta popular de mayo del 2011 y el proceso electoral todavía no ha concluido. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha terminado de analizar las cuentas de campaña de 14 sujetos y organizaciones políticos inscritas para esa campaña.
En noviembre del 2011, cuando se producía el cambio de autoridades dentro del organismo electoral, el presidente saliente Omar Simón, entregó a los cinco nuevos consejeros los informes de los gastos de campaña de 51 sujetos y organizaciones políticos. “No se cuál es la razón por la cual no se han terminado de resolver los exámenes de cuentas”, dijo.
En ese tiempo se conformaron dos comisiones para analizar los gastos de la campaña. La una estaba conformada por las ex vocales Manuela Cobacango y Marcia Caicedo y el otro por Fausto Camacho y Carlos Cortez.
En ese momento se revisaron los recursos con los que hicieron la campaña política y el balance de gastos presentados. Sin embargo, Caicedo recuerda que solicitaron a los participantes “aclarar el tema de la difusión las piezas publicitarias”, pues es un capítulo del gasto electoral que no quedó claro.
Entidades veedoras del proceso, así como sectores de oposición cuestionaron que Rafael Correa, haya declarado en cero sus gastos de campaña ante el CNE. Más aún cuando el debate y los reclamos, en los días de campaña, se centraron en el supuesto uso de recursos del Estado en el proceso.
En septiembre de ese año, la entonces ministra de la Política, Doris Soliz, indicó que el Presidente no recibió aportes privados y que fue calificado por el CNE “solamente para acceder a las franjas publicitarias de A. País”. Por eso no había que justificar nada.
Caicedo considera que esta actitud es “un hecho insólito”. No es posible que se utilicen recursos públicos y no haya claridad para justificar por qué se lo hizo.
Pese a esto, Simon ratificó que “finalmente el presidente Correa sí presentó gastos de campaña. Justificó que varios de los productos fueron donados por Alianza País”. Pero, ¿y los autos oficiales?, ¿las caravanas, las tarimas, los operativos de seguridad que se diseñaron para el desplazamiento del Presidente durante la campaña? Estas preguntas no las ha despejado el actual CNE.
De hecho, los gastos que relata Simon ya fueron aprobados por los ex consejeros Camacho y Cortez. Su informe recién se conoció ayer. Allí se “resolvió cerrar el caso por cuanto las cuentas son satisfactorias”, está en el expediente.
Al igual que los gastos del Presidente, las cuentas de Alianza País también fueron aceptadas por estos dos consejeros.
El asambleísta de la ID, Andrés Páez, critica esta aprobación, pues considera que durante la campaña del oficialismo para promocionar el Sí en la consulta “hubo un derroche visible de recursos”.
El monto máximo que podía gastar cada organización durante la campaña era de USD 70 000.
Por ello, el legislador opositor analiza que sólo con hechicería esa cantidad pudo haber alcanzado para que A. País sustentara la ‘megacampaña’ que realizó.
Caicedo y Páez coinciden en que Contraloría debería hacer una auditoría especial para establecer el monto que invirtió A. País. El vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, recordó que el 29 de noviembre se conoció los informes del CNE anterior, con plazo vencido. En esos informes “no había pronunciamiento jurídico ni de fiscalización”.
Por ello consideraron que tenían la obligación de revisar los informes. “El retraso no es por falta de voluntad o decisión, se están haciendo las revisiones”. Hasta julio se cerrará toda la revisión.
Según el informe del CNE hasta el momento están resueltas las cuentas de 28 sujetos políticos. Uno de los 14 movimientos cuyas cuentas están pendientes es la Red, de Martha Roldós. “El CNE nos pidió que justificáramos los gastos de la contabilidad y de un spot del actor Carlos Michelena”. Esta justificación fue enviada en febrero, pero hasta el momento no ha habido una respuesta. Roldós sostiene que el CNE no está juzgando a todos con la misma vara. Mientras al Presidente le aceptaron una declaración en cero, a otros grupos nos hacen problema por temas menores.
Simon va hoy a la Fiscalía
La Fiscalía reactivó la denuncia presentada por el asambleísta Tomás Zevallos, en el caso del pago del Fondo Partidario Permanente correspondiente al 2009.
En ese tiempo el CNE repartió USD 6 733 339. Según Zevallos, esta transferencia demuestra la consecución del delito de peculado, al haber entregado fondos del Estado a organizaciones inexistentes. Omar Simon declarará.
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