El 29 de abril del 2020, María Alexandra Ocles, entonces directora del Servicio Nacional Gestión de Riesgos, entregó kits de alimentos en Quito, en la cuarentena por el covid-19. Foto: Twitter @Riesgos_Ec
El proceso de adquisición de 7 000 kits alimenticios en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) será investigado penalmente. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de María Alexandra Ocles, quien hasta el 11 de mayo del 2020 se desempeñó como directora del SNGR, y otros cuatro funcionarios por el presunto delito de tráfico de influencias.
A través de un comunicado emitido a las 13:28 de este martes 12 de mayor del 2020, la Fiscalía apunta una “inobservancia legal en el proceso de adquisición de kits de alimentos en el contexto de la emergencia” sanitaria por el covid-19 en Ecuador.
La decisión de la Fiscalía de formular cargos se produce horas después de que la Contraloría General del Estado hallara un posible “sobreprecio” en el proceso de adquisición de 7 000 kits efectuado por el SNGR.
La Contraloría informó la noche del lunes 11 que remitió a la Fiscalía un informe por “una serie de irregularidades en la contratación, que devienen en indicios penales“.
La principal irregularidad, según la entidad de control, es que el contrato se celebró por USD 1,1 millones “cuando, según el análisis del equipo de auditoria, debió ser de USD 706 790″.
Contraloría halló, por un lado, una diferencia de USD 389 620 entre el valor de cada kit contratado (USD 150,82 por unidad) y el costo de mercado (USD 95,16 por unidad) y, por otro, que el contratista adicionó el valor del IVA a todos los productos. “Sin embargo solo ocho de los 18 alimentos graban IVA”.
Según la Contraloría, los funcionarios del Servicio de Gestión de Riesgos celebraron este contrato sin haber tomando en cuentas otras ofertas más económicas y otros proveedores con mejor logística.
“Las variaciones en los precios de la totalidad de los kits de alimentación, incluido el reajuste del IVA, dan como resultado un valor en más de USD 475 638,80 que representan un 40,23% más, en relación al valor total que debió haber tenido el contrato“.
La Contraloría también señaló que el proveedor al que se le entregó el contrato actualizó su RUC y cambió su actividad económica principal el mismo día que presentó su oferta a la entidad contratante, esto es 21 de marzo de 2020. El contrato fue firmado por Alexandra Ocles, quien renunció a este organismo este 11 de mayo.
En relación con precios de mercado, los auditores evidenciaron diferencias de hasta USD 7,70 en los valores de los víveres. “El proveedor del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos cotizó el saco de 10 kilos de arroz grado 2 en USD 13,86, mientras que en el mercado cuesta 7,99… En la carne de res hay un incremento injustificado de USD 6,43; en el atún de 4,80; en la pasta tipo tallarín de 5,28. Los auditores también reportaron que el guardatodo que fue adquirido por la Cartera de Estado en 16,18, cuesta 8,48″.
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