El 17 de septiembre pasado, simpatizantes de Yaku Pérez se apostaron en la Corte Constitucional para pedir la consulta minera en Azuay. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, insistirá en una consulta antiminera en Azuay. Al menos eso se desprende de un pronunciamiento hecho mediante su cuenta de Twiiter, la noche de este viernes 21 de febrero del 2020.
Pérez escribió: “Increíble entender, una iniciativa genuinamente democrática de Consulta Popular pueda ser bloqueada por el imperio minero que deja herida a la democracia. La lucha no es de velocidad es de resistencia. Se vienen acciones a nivel nacional e internacional”.
Hasta el momento, es la única declaración que ha hecho el prefecto de Azuay después de que la tarde de este viernes, la Corte Constitucional (CC) negara y archivara dos preguntas con las que buscaba impulsar un plebiscito.
En el dictamen de la CC se establece que “la consulta popular presentada por Yaku Pérez Guartambel, a nombre propio, no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”.
En el análisis, la CC dictaminó que la primera pregunta, relacionada con la ampliación de las zonas en las que esté prohibida la minería metálica, “el planteamiento en una sola interrogante, tanto de zonas ecológicas diversas como de todas las escalas de la minería, hace que sea compuesta y atentatoria de la claridad y lealtad exigidas por la ley”.
Con la segunda pregunta, Pérez quería que los azuayos se pronuncien sobre la posibilidad de cancelar las concesiones mineras en el Austro. Sobre esto, la Corte señaló que “plantear una consulta respecto de la cancelación automática de concesiones previamente otorgadas, comporta un efecto retroactivo que, al ser indeterminado, afecta el derecho constitucional de la seguridad jurídica”.
El Gobierno también reaccionó al dictamen de la CC. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables emitió un comunicado en el que señaló que reafirma su postura garantista de derechos y recalca que como institución pública, respeta las decisiones y parámetros legales de las entidades judiciales y constitucionales que, en su ejercicio, trabajan por los intereses nacionales”.
