El despacho de combustibles se realiza desde la terminal de El Beaterio, ubicada en el sur. Desde ahí se traslada el producto hasta las gasolineras. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Tras la fallida propuesta del Gobierno de eliminar los subsidios de los combustibles del sector automotor, organizaciones sociales, académicos, gremios y especialistas trabajan en nuevas alternativas.
La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el profesor universitario Marco Naranjo, el especialista petrolero Henry Llanes y el economista Alberto Acosta cuentan con planteamientos sobre el tema.
Las propuestas se han organizado en tres grupos: crear una herramienta tecnológica para identificar a los consumidores de estos productos, establecer precios diferenciados para los combustibles y entregar compensaciones directas a los beneficiarios.
Para el desarrollo de un programa informático se propone incorporar distintas variables. Naranjo, por ejemplo, refirió que este sistema debería incluir los datos del propietario del vehículo, los ingresos económicos y las características del auto. Con esta información se podría determinar con precisión la capacidad adquisitiva de cada persona.
“En las universidades se pueden desarrollar los algoritmos necesarios”, indicó. En función de esa idea, Naranjo propone establecer precios diferenciados. Esto implica, por citar un ejemplo, que una persona que tenga ingresos mensuales superiores a USD 5 000 cancele por los combustibles un costo mayor al que establece el mercado internacional.
Para el transporte de pasajeros y de carga se mantendría el precio subsidiado. La diferencia entre el valor subvencionado y el del mercado internacional sería cubierto con los excedentes obtenidos a través de la aplicación del mecanismo de costos variados. Es decir, el que más tiene más paga y, con ello, el Gobierno no asignaría recursos para mantener este esquema, dijo Naranjo.
El desarrollo de este programa podría tomar alrededor de dos semanas. Y luego se debería implementar en las estaciones de servicio. En el país se cuenta con 1 110 gasolineras. “El Gobierno conoce ya de esta propuesta”, precisó Naranjo.
Un sistema informático parecido propone Llanes. Pero en este caso, el programa se levantaría con datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).
Mediante esta herramienta se automatizaría todo el proceso de despacho de gasolinas, desde las terminales hasta el consumidor final. Así se determinaría qué vehículos reciben subsidios y cuáles no.
El desarrollo de este software tomaría alrededor de cuatro meses. Está previsto que esta propuesta se entregue hoy al Gobierno.
Al tratarse de una experiencia nueva en la región, Ecuador debería empezar desde cero, en lo que se refiere al desarrollo de este sistema informático que establezca precios diferenciados para los derivados, mencionó la Camddepe.
Por esto, la propuesta de este sector apunta -más bien- a retirar el subsidio de la extra, de la ecopaís y del diésel de manera progresiva, para evitar un impacto en los consumidores.
Para lograr este objetivo, este gremio sugiere hacer un análisis previo del impacto de esta medida en la tarifa de los fletes y pasajes. Luego de eso, la Camddepe plantea que el Gobierno entregue un beneficio directo a cada propietario de los automotores favorecidos.
Los transportistas han recibido ya compensaciones directas de parte del Gobierno por mantener la tarifa del pasaje, entre 2012 y 2015. Pero de acuerdo con este gremio hubo retrasos en los pagos.
“El Estado nos debe USD 80 millones”, mencionó Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip).
Por esto, Gómez prefiere que ahora el Gobierno opte por otras medidas compensatorias. Entre estas instalar surtidores de combustibles en las cooperativas con un cupo fijo y precio diferenciado, o reducir los impuestos de los insumos.
Aparte, Acosta sugiere, entre otros, mantener el subsidio de los derivados para el transporte de pasajeros y de carga. Para otorgar este beneficio se debería instalar un dispositivo electrónico en los automotores. También recomienda prohibir el uso de diésel en carros particulares y que los autos de alta gama paguen más.
La Conaie, por su parte, informó ayer que aún no cuenta con una propuesta para presentarla al Gobierno. Está previsto que hoy a las 10:00 esta organización se reúna en su sede con representantes de varios sectores, para trabajar en un planteamiento en conjunto
El Gobierno espera contar con el nuevo decreto que racionalice la entrega de subsidios hasta fines de este mes. Para esto, Richard Martínez, ministro de Finanzas, expresó que se ha reunido con unas 70 organizaciones y ha recibido ocho propuestas de herramientas tecnológicas, que deberán ser probadas. “Hay consensos: ningún ecuatoriano quiere que se beneficie al contrabando y al narcotráfico. Tampoco quieren que el subsidio vaya a los que más tienen”.
Según Martínez, una opción es entregar un beneficio directo a quien lo necesite. Otro criterio es diferenciar el tipo de derivado: la extra es más para movilización de personas y el diésel tiene un impacto en toda la cadena productiva.
En contexto
El Gobierno emitió el 2 de octubre pasado un Decreto para eliminar el subsidio de la extra, ecopaís, diésel 2 y premium para el sector automotor. Esto generó el rechazo de varios sectores, por ello se dejó sin efecto la decisión y se trabaja en una nueva propuesta.
