Pablo Dávila, exmiembro del Cpccs-transitorio. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Entrevista a Pablo Dávil, exmiembro del Cpccs-transitorio
¿Qué le parece que el Cpccs se haya concentrado en revisar archivos?
Creo que el Consejo tiene que concentrarse en las tareas de fondo, en definir su plan de trabajo. El tema de la transición parece estar ligado y únicamente determinado a verificar y evaluar o auditar el trabajo de tránsito. En términos jurídicos creo que no les compete, pero si eso es lo que deciden hacer tendrán que responsabilizarse de sus acciones. Más bien el Consejo debería definir su plan de acción hacia el futuro y concentrarse en las atribuciones que les manda la Constitución.
Al pedir una consulta a la Corte Constitucional, ¿podría venir otra Corte y cambiar ese blindaje?
Creo que las actividades que hizo el Consejo Transitorio están totalmente amparadas en el marco de la consulta del 2018. La Corte lo que hizo fue dar un reconocimiento jurídico expreso de una de las funciones que tenía el Consejo Transitorio y las del Consejo Ordinario, y que por tanto el Ordinario no podría entrar a revisar al otro. Considero que el valor de lo actuado por el Consejo está en el cumplimiento a través de la consulta. No olvidar que nosotros a lo largo de este proceso hemos recibido más de 20 acciones judiciales en contra y hemos salido de la mayoría de ellas.
Tuárez ha dicho que busca una forma para quitar ese blindaje…
Creo que el deber fundamental de un funcionario público es respetar la norma, el principio de legalidad y velar porque los ciudadanos reciban un ejemplo de parte de las autoridades públicas. Su deber como autoridad pública es respetar la ley y los pronunciamientos de las autoridades competentes, como en este caso la Corte Constitucional.
Al consultar con jurisconsultos, de haber un resquicio legal para dejar a un lado ese dictamen, ese sería defenestrar a la Corte Constitucional.
Considero que no hay resquicio legal que pueda dar camino a una acción de esta naturaleza. Esas respuestas que le han dado hablan de desinstitucionalizar para poder encaminar una alternativa de esta naturaleza, lo cual sería muy negativo para el país después de habernos embarcado en casi un año y medio de buscar el efecto contrario, que es la recuperación de la institucionalidad pública. Me parece que la reflexión de fondo es que los ciudadanos posiblemente discrepamos sobre la mayor o menor conveniencia de las autoridades que fueron designadas por el Transitorio, lo que no está en cuestionamiento es que el proceso de la evaluación general nos demostró que las entidades públicas, entre ellas la Corte Constitucional, estaban secuestradas. Que el poder estaba cooptado por el Ejecutivo anterior.
Usted promueve una consulta para eliminar definitivamente el Cpccs. ¿Cómo va el proceso?
El doctor Julio César Trujillo dejó integrado un primer Comité por la Institucionalización democrática. Estamos en un proceso de coordinación nacional con organizaciones que han expresado su interés de apoyar esta iniciativa. ¿Qué es lo que queremos hacer en los próximos 15 días? Terminar de armar la propuesta debidamente discutida y llegar a la Corte Constitucional para que nos defina cuál es la vía, enmienda para recoger el 8% de firmas o una reforma parcial para recoger el 1% de firmas del padrón.
¿Cómo va a convencer a las personas de a pie que voten para acabar al Cpccs?
El Consejo de Participación ha sido el mecanismo para justificar y promover la corrupción. Ese es un mensaje que cualquier persona puede entender y sobre el cual puede reflexionar. Nosotros podemos dejar de tener trabajo, podemos tener necesidades urgentes, pero la corrupción tiene un impacto en el día a día de la vida de todos.
Si dice que el Cpccs propicia la corrupción, se abre un frente con esa institución. Es como un choque de trenes. ¿No es una falla estratégica?
No lo veo como una falla estratégica, pero creo que es una circunstancia natural del proceso.
Es algo que tiene que explotar de alguna forma…
Vale reflexionar que no es un tema de carácter personal. Esto no tiene nada que ver con el presidente Tuárez, o los miembros del actual Consejo de Participación. Es una reflexión sobre el diseño institucional, incluso las personas que fueron críticas con el trabajo del Transitorio, si es que son coherentes con esa reflexión, entenderán que el poder que ejerce el Consejo a través de siete personas es demasiado grande para darles a un cuerpo tan limitado. Entonces, ellos pueden sentir una alusión personal, por supuesto que no lo es, y finalmente lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de participación ciudadana.
Pero si quienes criticaron al transitorio eran correístas, ¿significa que ahora ellos están ahí?
Realmente pienso que el actual Consejo de Participación tendrá que demostrar su independencia de orden político. Es a ellos a los que corresponde responder esto.
Hoja de vida
Abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un masterado de Políticas Públicas en la Universidad de Edimburgo. Ha sido presidente de la Cámara de la Industrias y Producción, así como de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y del Comité Empresarial Binacional Ecuador-Perú.
Funciones En el 2017 integró el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Fue miembro del Cpccs-t entre 2018 y 2019.
