Entrevista a Tatiana Ordeñana, jueza constitucional. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
En su despacho, en el quinto piso de la Corte Constitucional, la figura del arcángel Miguel captura la atención. También cientos de expedientes en carpetas rojas, apilados en el suelo. Tatiana Ordeñana es la jueza de las causas polémicas, favorables a grupos de Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti), y la que restituyó el rectorado de la Universidad Andina a César Montaño.
¿El fallo favorable a Satya y sus dos mamás significa que desde el derecho se está dejando atrás los prejuicios?
Los paradigmas están insertos en la escuela, en los medios de comunicación, en los hogares y en el derecho también, ya que es gestado desde modelos tradicionales. Pero el derecho debe ayudar a reconocer otras realidades, como el de la filiación entre una niña y sus dos madres.
ONG que defienden derechos humanos ven en la sentencia de Satya, de la que Ud. fue ponente, un hito histórico. ¿Sobre qué temas abre el debate el fallo del 29 de mayo?
La sentencia abre la posibilidad de ver los distintos tipos de familia que hay en Ecuador. No hablo solo de las parejas del mismo sexo sino también de las familias conformadas por madres solteras e hijos, grupos de hermanos, abuelos y nietos. El hito es ese reconocimiento general a todo modelo de familia.
La Corte Constitucional ya hizo lo suyo. Ordenó al Registro Civil registrar a todo niño sin alegar que no se reconoce la doble filiación paterna o materna. ¿Qué le corresponde ahora a la sociedad?
La sentencia hace posible, jurídicamente hablando, que el Estado reconozca el derecho a la no discriminación por ninguna situación. El mundo y la sociedad van cambiando más rápido que las leyes. En Arabia Saudita ha sido un hito que las mujeres puedan conducir. Que en el caso Satya haya intervenido un ente del Estado como la Defensoría del Pueblo es una buena señal también. Se debe trabajar en políticas públicas.
En mayo del 2017 propuso el fallo por el que el Registro Civil ubicó el cambio de sexo de femenino a masculino en la inscripción de nacimiento de Bruno Paolo Calderón. ¿Por qué apoya las causas de los Glbti?
Las causas llegan por sorteo o karma al despacho. Por 10 años he dado clases sobre derecho de familia, en el 2002 obtuve una maestría al respecto. He defendido temas de derechos humanos. Lo que busco es que las sentencias irradien o trasciendan a más gente.
En el fallo sobre Bruno Paolo, a la Asamblea le dieron un año para legislar sobre el cambio de sexo de personas trans. El plazo venció en mayo. ¿Qué queda por hacer?
Todos deben cumplir con las sentencias. Hay dos acciones a seguir cuando se vencen los plazos: verificar qué ha ocurrido, lo cual incluye la justificación. También, puede ser que la persona afectada presente un escrito por incumplimiento del fallo. La Corte lo revisará.
Padres de niños trans piden que el Ministerio de Salud ofrezca bloqueadores hormonales y otros tratamientos para el cambio de sexo. ¿Qué opina?
Mi respuesta sería personal. Es preferible no darla pues pudiera llegar una demanda al respecto y no se debe adelantar criterios. Desconozco cómo estén trabajando consejos como el de Igualdad de Género, que debieran capacitar y coordinar con ministerios para construir una política pública para distintas personas. El Estado debe ver que no existe un solo modelo de familia y pensar en planes de salud para todos.
Pese a sus fallos, los Glbti creen que la Corte está en deuda con ellos. Pamela Troya y Gabriela Correa esperan desde el 2014 por una sentencia sobre matrimonio civil igualitario. ¿Por qué la demora?
Los procesos jurídicos no son rápidos. Un despacho tiene unos 450 casos. En este julio, tres jueces tenemos 500 adicionales para admitir. Todo es un proceso, nos ayudamos de la nueva doctrina jurídica internacional que abre camino (habla de la Opinión Consultiva de la Corte IDH).
En enero del 2016, César Montaño fue posesionado como titular de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Por qué decidió que había que devolverle el rectorado el 18 de abril de este año?
Vengo de la Academia, creo en la autonomía universitaria. El caso de la Andina también llegó a mi despacho, hicimos un profundo análisis sobre los principios de Córdoba. Era el momento en que América Latina hablaba de la independencia de cátedra, había una coyuntura en lo social y en lo académico.
¿Qué tanto ha pesado el cambio de Gobierno en la apertura de la Corte a este tipo de causas?
En todos estos años la Corte ha sacado varios temas sociales. Recuerdo tanto uno de una bombera, discriminada en un municipio amazónico. Vamos trabajando en función de dinámicas sociales.
Hoja de vida
Trayectoria. Es una de nueve jueces de la Corte Constitucional desde noviembre del 2012. Es guayaquileña.
Pensamiento. La Corte Constitucional ha sacado fallos importantes como el de una bombera de un Municipio de la Amazonía que estaba siendo discriminada por ser mujer.
