El 11 de septiembre, el contralor Pablo Celi (centro) entregó 130 000 hojas sobre el caso Odebrecht a la Asamblea. Cortesía: Asamblea Nacional
Luego de la salida de Carlos Pólit de la Contraloría, en junio del 2017, se publicaron varios informes sobre irregularidades en la administración pública, durante el gobierno anterior.
Desde el 1 de junio, al menos 12 casos han traído la atención mediática. En parte, porque se acudió en tres ocasiones a la figura de la destitución como sanción administrativa.
Uno es en contra del vicepresidente Jorge Glas, por el campo petrolero Singue. Otro en contra del exdirector del IESS, Richard Espinosa. Y, el lunes, 11 de diciembre, se notificó la predeterminación de esta sanción contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
Alfredo Corral Borrero, excontralor entre 1998 y 2003, recuerda que antes del 2007 (cuando se posesionó Pólit) esa figura se aplicaba con mayor frecuencia. En su caso, por ejemplo, menciona la destitución “de varios alcaldes, concejales y consejeros”.
Ahora se ha retomado, aunque ninguna disposición se ha ejecutado todavía. Ochoa tiene 60 días para presentar las pruebas de descargo. Espinosa renunció antes de que el presidente Lenín Moreno acate la resolución de la Contraloría.
Y, en el caso de Glas, el organismo de control notificó a la Asamblea, pero el presidente José Serrano pidió al Mandatario que consulte a la Corte Constitucional qué autoridad debe aplicar la sanción.
Si no se acata una disposición de la Contraloría, esta puede establecer sanciones. Pero el constitucionalista Juan Francisco Guerrero recuerda que aplicarían siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias. Los casos de Ochoa y Glas pueden aún resolverse en el Tribunal Contencioso Administrativo. Y Espinosa renunció antes de ser destituido.
Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, la Contraloría aprobó 626 informes. De estos, 69 casos con indicios de responsabilidad penal fueron enviados a la Fiscalía para que sean judicializados. En 2016, el volumen de informes fue de 3 420 aprobados y 264 con indicios de responsabilidad penal.
Pero los últimos casos han atraído mayor atención porque involucraron a autoridades del gobierno anterior. Y se dieron en un contexto político marcado por la pugna entre dos frentes de Alianza País: uno que apoya al presidente Lenín Moreno y otro al expresidente Rafael Correa.
El 22 de junio, la Contraloría notificó a la exministra de Transporte, María Duarte, con dos glosas por USD 111 millones, por responsabilidad civil culposa en el contrato para la vía Collas-Tababela.
El 5 de noviembre notificó a Marcela Aguiñaga por responsabilidad civil culposa por USD 41 millones, por un “pago excesivo en la compra del terreno en Los Samanes”, cuando era ministra del Ambiente. Ella lo ha rechazado.
Iván Espinel renunció al Ministerio de Inclusión luego de que se publicaran seis exámenes, con glosas y sanciones administrativas. Estas auditorías, cuando estuvo en la dirección del IESS en Guayas, lo señalan como responsable solidario. Él rechazó el informe.
Otro informe reveló el mal uso de los fondos recaudados para los damnificados por el terremoto de abril de 2016.
La noticia se conoció cuatro días después de la posesión del contralor Pablo Celi. La auditoría se hizo al uso de USD 45,59 millones por parte de seis carteras de Estado, entre el 16 de abril y el 21 de julio del 2016. Se encontraron varios kits de ayuda embodegados, donaciones caducadas y gastos no justificados.
El exconsejero presidencial Ricardo Patiño, uno de los líderes del frente correísta, asegura que la Contraloría actual como instrumento de persecución política contra funcionarios del anterior Gobierno. La entidad de control lo niega.
En agosto, Celi dijo a este Diario que solo se está cumpliendo con la ley. Incluso, sobre el caso de Glas y el campo Singue, comentó que hay una percepción de rapidez que no es real. Ya que este examen se inició en noviembre de 2016.
Lo que hicieron, dijo, es concluir exámenes pendientes, determinar nuevos procesos y confirmar responsables, aunque Celi admitió que halló auditorías rezagadas, exámenes concluidos con informes no aprobados o aprobados sin predeterminación de responsabilidades.
Además, se añadió la realización de siete nuevos exámenes, por fuera de la planificación que tenía la entidad. Estos tienen que ver con el caso Odebrecht. Los primeros 10 informes con responsabilidad penal en ese tema llegaron a la Asamblea en octubre pasado.
En contexto
El anterior Contralor fue censurado políticamente por incumplimiento de funciones. Pablo Celi asumió como subrogante. El Consejo de Participación Ciudadana no ha avanzado con la designación del nuevo titular. Está pendiente el reglamento del concurso.
