El siniestro comenzó el jueves 22 de junio de 2017 en un antiguo edificio del centro de la capital peruana que era usado por galerías de productos de ferretería y solo pudo ser extinguido totalmente cinco días después. Foto: EFE
En medio del evidente progreso económico que alcanzó en los últimos años, en Perú también se mantienen condiciones que revelan el rostro más cruel de la explotación laboral e incluso se acercan a formas modernas de esclavitud, según puso en evidencia un gran incendio que se desató hace un semana en Lima.
El siniestro comenzó el jueves 22 de junio de 2017 en un antiguo edificio del centro de la capital peruana que era usado por galerías de productos de ferretería y solo pudo ser extinguido totalmente cinco días después.
Este miércoles 28 de junio, las autoridades ingresaron para rescatar los restos de dos jóvenes que trabajaban en unos contenedores colocados en la azotea sin permisos oficiales y a pesar de que se creía que servían para almacenar productos eran, en realidad, destinados para que trabajadores de escasos recursos económicos falsifiquen las marcas de focos fluorescentes.
En medio de todos estos delitos e ilegalidades, los trabajadores eran encerrados con candado durante su jornada laboral para, supuestamente, evitar que fueran a sustraer algún producto.
La revelación de esta forma de explotación ha generado críticas tanto a la visión del país como un futuro miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que aspira sumarse en 2021, así como a la eficacia de los organismos de supervisión laboral del Estado.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del Perú, aseguró que los fallecidos “no son producto de errores, casualidades, destino o mala suerte”, sino víctimas de “un modelo de explotación que privilegia las ganancias por cualquier medio posible”.
En el caso de la obligatoria fiscalización estatal, el propio ministro de Trabajo, Alfonso Grados, admitió esta semana ante una comisión del Congreso que esta solo llega al 10 % de las 494 000 empresas constituidas formalmente en el país.
Grados también reveló que el organismo supervisor solo cuentan con 459 inspectores laborales a nivel nacional.
Esta semana, la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los responsables del incendio, por la presunta comisión del delito contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Estos delitos sancionan la inobservancia de las reglas de seguridad y salud en el trabajo con resultado de muerte y también implican el delito de trabajo forzoso.
La situación llevó incluso al pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que denunció que se había puesto en evidencia que en Perú se presentan condiciones que aproximan “a formas modernas de esclavitud como el trabajo forzoso, que afecta a millones de personas en todo el mundo“.
La OIT agregó que el trabajo en condiciones de encierro es “una clara y manifiesta afectación a derechos fundamentales en el trabajo y a la dignidad humana” y consideró que “esta situación es totalmente intolerable en una sociedad moderna y justa”.
El organismo internacional dejó en claro que, para luchar contra estos delitos, se debe reducir la informalidad, fortalecer las inspecciones laborales, cumplir y hacer cumplir la ley y mejorar la seguridad de los trabajadores.
Precisamente, estas condiciones son agravadas por la altísima informalidad laboral en el país, que alcanza el 70 % de las empresas e incluso llega a un 25 % de las consideradas formales, según un informe de enero pasado de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
La Sunafil aseguró en ese momento que la informalidad implica vulneraciones y pone en riesgo la integridad física de los trabajadores, quienes denuncian la falta de pagos por tiempo de servicios, remuneraciones bajas y vulneraciones a la jornada laboral y los tiempos de descanso.
La atención ahora se mantiene sobre las medidas que tomará el Gobierno, ya que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que “los responsables han cometido un acto criminal”, mientras que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, agregó que “ha sido claramente responsabilidad de quienes actuaron violando todas las leyes“.
