El ministro Patricio Pazmiño (centro) y la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en una cita. Foto: Ministerio de Gobierno
La Policía tiene detallado caso por caso. Unos fueron detenidos por robar bicicletas, otros por asaltar a personas con armas de fuego. También hay quienes fueron arrestados por microtráfico. Todos salieron libres tras ser llevados a oficinas judiciales.
Un reporte nacional de la Policía Judicial muestra que este año el 39% de 31 826 apresados quedó en libertad por cinco razones.
En la mayoría de casos, los jueces otorgaron las denominadas medidas sustitutivas (presentación periódica, prohibición de salida del país o uso de grillete electrónico).
El sábado 28 de noviembre del 2020, por ejemplo, dos personas acusadas de robo fueron capturadas por policías que operan en el centro de Quito, pero al siguiente día quedaron libres. El juez de flagrancias les ordenó presentarse en esta oficina judicial todos los viernes, mientras dure la instrucción fiscal de 30 días.
El domingo 29, una mujer acusada de microtráfico recibió igual beneficio. Su defensa alegó que está embarazada. En los archivos del sistema judicial registra un arresto anterior, por el delito de robo.
En la Policía, altos oficiales consideran que esta situación es “alarmante” y advierten que hay un “abuso” en el uso de las figuras legales. “Después de dejar la cárcel, no se presentan a las audiencias y no se los juzga. Hay gente con hasta 15 detenciones anteriores y sigue en las calles”.
Las medidas alternativas a la prisión están normadas en el Código Penal vigente, desde agosto del 2014 (art. 522).
El 23 de noviembre, tres extranjeros apresados con armas y señalados por robos en el norte de Quito no fueron procesados por delito flagrante (dentro de las 24 horas de cometido el delito), sino que se abrió un proceso que toma más tiempo para la indagación y se levantó el arresto.
Ocho días antes, seis personas también quedaron libres por una situación similar. En su poder se descubrieron armas de fuego y herramientas que eran usadas para abrir las puertas y romper las seguridades de los domicilios.
“Sin querer interferir ni cuestionar a otras instituciones, queremos saber qué está pasando con los aprehendidos que nosotros presentamos ante la justicia. De esta forma podemos tener mejores resultados en la seguridad de la ciudad”, indica el jefe policial de Quito, Alaín Luna.
La mañana de ayer, 2 de diciembre, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, se reunieron para hablar de los delitos y de la impunidad.
Fausto Murillo, vocal del CJ, dice que ha llevado al Pleno de la Judicatura, sobre todo, ejemplos de casos de corrupción en los que los investigados se fugan luego de recibir medidas que reemplazan a la prisión. “La idea es buscar una reforma que impida aplicar tan fácilmente esta figura”.
Otras razones por las que los sospechosos quedan libres son la siguientes: no se encontró la culpabilidad, pese a las evidencias presentadas por los agentes policiales y a la conciliación entre los detenidos y las víctimas.
El sábado último, una pareja recuperó su libertad tras acordar con el dueño de un restaurante el pago de USD 500 y las disculpas públicas.
En el parte policial de la aprehensión, ocurrida el jueves pasado, se indica que los apresados habían sometido a los trabajadores del local.
En la audiencia de flagrancias se los procesó por hurto, una figura legal que permite un acuerdo económico.
“Claro que el entendimiento es legal, pero no es moral. No se dan cuenta que hacen un daño. Quizá con el acuerdo piensen que ya todo queda ahí, pero hay casos en los que vuelven a delinquir. Esto afecta al derecho a la seguridad de otros”, sostiene Luna.
En los archivos de la Policía consta que, en este año, 643 sospechosos lograron la libertad luego de que llegaran a un acuerdo con los afectados. En el 2019 fueron 1010.
Dos hombres que tenían en su poder bicicletas robadas evitaron la cárcel, porque en una audiencia ofrecieron disculpas públicas, pagaron USD 250 a la víctima, devolvieron lo robado y el caso se cerró.
Lo mismo sucedió con otra persona capturada con una bicicleta. Pagó USD 200 a la afectada y se declaró la extinción de la acción penal.
En contexto
En el 2019, de 37 548 aprehendidos en el país, 12 480 salieron libres por cinco figuras. Juristas dicen que prisión preventiva se aplica en última instancia, cuando hay riesgo de fuga, pero cuestionan que existan casos en los que no se aplica y huyen.
