14 de January de 2014 19:11

Vigilia y plantones en Guayaquil para rechazar el aborto

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Con un plantón en la plaza Vicente Rocafuerte, en el centro de Guayaquil, el grupo pro-vida 14 Millones pide este mediodía el veto al artículo 150 del proyecto de Código Integral Penal (COIP). “Los únicos países donde la vida es más segura para las mujeres son aquellos que tienen aborto cero”, expresó Cristina Franco, directora ejecutiva de la agrupación.

El art. 150 indica que en el país el aborto no será punible si es “practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer, o su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal”. Esto en dos casos puntuales: “si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental”.

Para Franco, las estadísticas son la prueba de que el aborto no es la solución. “Los países donde el aborto está totalmente prohibido tienen la mortalidad materna más baja del mundo: Chile 25%, Malta 8%, Irlanda, 6%”, indicaron en un comunicado.

Ayer lanzaron un video en las redes sociales. Y el lunes, grupos católicos realizaron una vigilia, de 19:30 a 23:00, para pedir con oraciones y cánticos que el presidente Rafael Correa vete el artículo 150.

Integrantes del Movimiento de Mujeres también piden el veto a ciertos artículos del COIP. Anunziatta Valdez explicó que hay normas que afectan los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

Por ejemplo, señaló que en el actual Código ciertos tipos de infracciones contra la mujer serán procesadas por jueces de garantías penales y ya no por jueces especializados en violencia contra la mujer y la familia. “Las infracciones de violencia contra la mujer y la familia, sean contravenciones o delitos, deben ser juzgadas por las y los jueces especializados en violencia, dentro de un procedimiento expedito, como lo indica el artículo 81 de la Constitución”, dijo.

Con estos argumentos piden dejar sin efecto la disposición derogatoria 23, que anula la Ley contra la violencia de la mujer y la familia, llamada 103. Solo el año pasado en el país se presentaron más de 70 000 denuncias por violencia intrafamiliar, según Valdez. “Solo hubo el 12% de resolución”.

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