31 de diciembre de 2016 00:00

Las universidades de posgrado se movilizaron por fondos

Alumnos de la Facultad Latianomericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Andina se movilizaron el 15 de julio.

Alumnos de la Facultad Latianomericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Andina se movilizaron el 15 de julio. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Sociedad
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En medio de las celebraciones de Fin de Año, la Ley de Extinción de Universidades fue publicada en el Registro Oficial, el pasado viernes 30 de diciembre de 2016. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quienes aseguran que la norma atenta contra su autonomía y perjudica el financiamiento de sus proyectos de investigación.

También se ponen nuevas reglas de juego a las U. de posgrado internacionales, para recibir presupuesto del Estado. Así, las sedes en Ecuador no podrán mantener activos en el exterior. Se les obliga a usar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público. Y a someterse al control de la Contraloría General del Estado.

Esto ocurre luego de que en el transcurso de este año se dieron movilizaciones por otros temas polémicos como la falta de pago del aporte estatal adeudado a esos centros. Así se caracterizó el 2016, que se cierra con más pronunciamientos de rechazo por los cambios en la normativa, por los que esos establecimientos se sienten en la mira del régimen.

En julio, la Andina y la Flacso marcharon juntas. Les preocupaban los cambios en el mecanismo de transferencia de recursos que les afectaban, al igual que a las ocho universidades cofinanciadas.

En octubre, se aprobaron disposiciones reformatorias a la LOES, dentro del Código Ingenios. En ellas se reitera que las universidades no tendrán fines de lucro, como prevé la Constitución. Y se precisa que no pueden mantener contratos con personas jurídicas domiciliadas o ubicadas en paraísos fiscales. En ese sentido, el Primer Mandatario criticó los supuestos nexos con paraísos fiscales, de universidades privadas, que gozan de exoneraciones tributarias. El tema fue negado por sus representantes. Se prevé que en el 2017 haya marchas de protesta.

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