1 de julio de 2014 20:33

Las universidades encienden alertas por nuevas regulaciones desde el Gobierno

Los alumnos de la Universidad del Azuay (UDA) estudian y realizan trabajos en la biblioteca de la institución.

Los alumnos de la Universidad del Azuay (UDA) estudian y realizan trabajos en la biblioteca de la institución. Foto: EL COMERCIO

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David Villacís, Redacción Cuenca y Sierra norte
dvillacis@elcomercio.com 

Con los valores de las matrículas y pensiones que cobran las universidades privadas, se financian la infraestructura, el pago de profesores, la investigación, el mantenimiento... Hasta ahora, estos costos habían sido definidos por los propios centros universitarios, en función de su necesidades. Sin embargo, ahora el Gobierno, a través de una Resolución del Consejo de Educación Superior (CES), analiza una regulación para el cobro de los aranceles y derechos.

Esta decisión ha causado inconformidad entre los rectores de las universidades porque prevén que sus ingresos van a limitarse y que no podrán cubrir las exigencias que se les impone desde las autoridades estatales para el mejoramiento de la calidad educativa.

Alejandro Rivadeneira, rector de la Universidad de los Hemisferios y presidente de la Corporación de Universidades Particulares del Ecuador (Ceupa), comenta que en febrero del 2013 propusieron, en consenso con los estudiantes, un proyecto de reglamento de aranceles que “no ha sido considerado para nada” por el CES.

Para este Rector, es preocupante que, por un lado, el Estado les exija un plan de mejoras y la contratación de maestros con PhD, que implican un mayor presupuesto, y a la vez se quiera limitar los cobros.

El artículo 14, numeral 3, del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, establece que el personal académico a tiempo completo deberá impartir entre tres y 16 horas semanales de clase. Para Rivadeneira, si el número de horas de cátedra se reduce, el costo por hora aumentará y además, se deberá contratar más profesores para suplir los vacíos de clases.

Para el Gobierno, la idea de controlar los valores que cobran los centros universitarios es evitar abusos en las pensiones y matrículas.

Sin embargo, para las universidades esta es una intromisión, porque la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 89, indica que “las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores de régimen particular, tienen facultad para determinar, a través de su máximo órgano colegiado académico superior, los aranceles por costos de carrera, de acuerdo con su normativa interna”.

Precisamente, el 13 de mayo, es decir 17 días antes de que el CES emitiera la resolución, el Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) aprobó por unanimidad los aranceles que se van a cobrar durante el próximo semestre. Según Manuel Corrales Pascual, rector de este establecimiento, la Ley está por encima de las normas de menor jerarquía, por lo que la entidad continuará con la ejecución de su presupuesto, porque “no hacerlo sería algo antitécnico”.

Según el artículo 1 de la Resolución del CES, las instituciones de educación superior particulares, durante el 2014, podrán incrementar por una sola vez el valor de los aranceles, matrículas y derechos, en función del índice inflacionario anual del 2013, que fue publicado por el INEC.

Corrales, además, señaló que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) ya les aprobó mejoras en los laboratorios, infraestructura académica y equipos, por lo que requieren dinero para financiar los gastos.

Una situación similar la vive la Universidad San Francisco de Quito. Su vicerrector, Carlos Montúfar, recalca lo costoso que resulta mantener a la universidad operativa y con estándares académicos de primer nivel. Por ejemplo, el Vicerrector explica que contratar a maestros con título de PhD cuesta en promedio USD 50 000 al año. Además, se les debe dotar de laboratorios e infraestructura necesarias para que puedan dar sus clases.

Por ello, ya se analizan alternativas para financiar las exigencias con las que deben cumplir. Montúfar cree que es importante que se aplique una flexibilidad en el cobro de las pensiones y se fomente una cultura de donación, ofreciendo incentivos fiscales a los empresarios para que puedan contribuir económicamente a la educación.

Asimismo, las autoridades de la Universidad Internacional SEK consideran que se debe insistir en mantener un diálogo con los vocales del CES, los estudiantes y los representantes de las universidades, para alcanzar una posición más equilibrada. Rodolfo Ceprián, rector de ese establecimiento, tiene dudas de que el índice inflacionario se ajuste a las necesidades económicas de la universidad.

Según el catedrático, es importante tomar en cuenta que aproximadamente el 40% de los alumnos pertenece a las universidades particulares, ya sean estas cofinanciadas (29%) o autofinanciadas (11%).

En las instituciones de educación superior de provincia la situación es similar. En la Universidad del Azuay (UDA), por ejemplo, el presupuesto es de USD 30 millones y la mayor parte se destina al pago de docentes, personal administrativo y mantenimiento de la institución. Los ingresos provienen principalmente de las matrículas, que varían entre los USD 150 y USD 200 cada ciclo.

Según Carlos Cordero, rector de esta universidad, el presupuesto fue elaborado con un parámetro diferente, por lo que ciertas actividades serán postergadas para el próximo año. No obstante, Cordero considera que aún hay que esperar el reglamento definitivo para ver si es que se va a producir una afectación a la UDA.

Aunque se continuará con el cobro diferenciado de matriculas y pensiones, en las cinco categorías establecidas, según un formulario socioeconómico que llenan los estudiantes.

En Tungurahua también intentan acoplarse a los cambios que impulsa el Consejo de Educación Superior. La Universidad Católica, que tiene independencia financiera de la matriz de Quito, maneja un presupuesto de USD 7,1 millones. De acuerdo con Emerson Pazmiño, director financiero del centro educativo, la matrícula ordinaria costaba USD 266 y actualmente tiene un valor de USD 390.

El estudiante Pablo Quiñónez se mostró muy satisfecho con lo resuelto por el CES. “Los estudiantes aplaudimos que se haya tomado esta decisión, pues sabíamos de la intención de subir costos en muchas de las universidades, de acuerdo con la información que tenemos de los representantes estudiantiles”, sostuvo.

No obstante, para el rector encargado de la universidad Indoamérica, Diego Lara, la medida no toma en cuenta la inversión que hace la Universidad para subir de categoría en dos años. Este centro fue valorado en el 2013 como B. “Me parece bien que esta medida sea provisional (para el 2014) hasta que todas las universidades a nivel nacional hagamos un análisis científico y técnico para determinar cuáles son los parámetros que se deben tomar en cuenta, porque tampoco se debe abusar de los estudiantes”, añadió Lara.

Los aranceles vigentes de este centro para el 2014 están, en la modalidad presencial, entre USD 1 500 y USD 1 700.

PUNTO DE VISTA

‘Hay que buscar financiamiento’
René Ramírez/ Actual Secretario de Educación Superior (Senescyt)

El cobro de los aranceles no puede ir en detrimento de la garantía del derecho a la educación. Lo que estamos regulando es el incremento, el cual hemos visto que en algunas universidades iba a producir una deserción o un endeudamiento del estudiante porque les cambiaron las reglas del juego. Tenemos que buscar fuentes alternativas de financiamiento para la educación, como por ejemplo los proyectos de investigación que existen en Ecuador y en el mundo. No puede depender todo del pago de los alumnos. Hemos hecho un análisis y en un 90%, lo que están cobrando está por encima del costo óptimo de lo que se debería cobrar por carrera. Se pueden dar procesos de optimización. Vamos a sacar una línea de crédito específica para las universidades particulares para que no se les trate como crédito de consumo. Para ello necesitamos el nuevo código monetario.

En contexto

Los rectores de las universidades particulares del país analizan los aspectos que consideran críticos sobre la resolución que emitió el Consejo de Educación Superior (CES), el 30 de mayo. En esta normativa se regula el cobro de matrículas, derechos y aranceles.

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