20 de diciembre de 2016 19:10

En la UASB se defiende la existencia de fondo de reserva académica

El rector Jaime Breilh (centro) estuvo acompañado de representantes de profesores y estudiantes.  Foto: Diego Bravo

El rector Jaime Breilh (centro) estuvo acompañado de representantes de profesores y estudiantes. Foto: Diego Bravo/EL COMERCIO

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Diego Bravo
Redactor (I)

En las universidades de posgrado se generan más reacciones luego de la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que fueron incluidas en el Proyecto de Ley de Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas.

Este martes 20 de diciembre del 2016, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jaime Breihl, rechazó nuevamente la normativa e indicó que su establecimiento permanecerá en sesión permanente y atento a lo que ocurra el próximo año cuando se conozca o no el veto presidencial. “Estamos seguros de que si se analiza esta propuesta con sensatez académica, con razonamiento lógico y con la Constitución en la mano, se vetará porque es inconstitucional”.

Lo acompañaban las autoridades de la UASB y los empleados administrativos. El funcionario cuestionó el punto número 3 del artículo 24 de la reforma, el cual señala que “las sedes en Ecuador no podrán mantener activos en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas, ni participar en la constitución de negocios fiduciarios”.

Ante eso, Breihl aseguró que la UASB tiene una reserva con la que desarrolla sus proyectos académicos, planifica su futuro, y protege a los estudiantes y personal. “Las universidades que somos internacionales tenemos la potestad de manejar esos recursos y tenerlos. Eso que se ha pretendido confundir en el escenario actual con paraísos fiscales y cuestiones de esa naturaleza, no tienen nada que ver con la planificación”.

Precisó que lo primordial es precautelar que esos fondos que provienen del manejo de la universidad sean gestionados de forma transparente. Es decir, que sirvan para los fines académicos estatutarios para los que fueron creados y que estén siempre a nombre institucional y que funcionen en relación con el desarrollo de sus programas.

A su juicio, crear una prohibición para que una universidad tenga una reserva u obligar a que esta se encuentre en un país en donde hay un "hiper control sobre el financiamiento, significa someter nuestra protección de universidad a decisiones o espacios de carácter político y alto riesgo. Los centros de estudios tenemos el derecho y la obligación de proteger una reserva académica”, manifestó Breihl. No precisó montos, ni el país en donde se guarda ese dinero. Pese a que se le solicitó hacerlo.

De otro lado, precisó que los aranceles de la universidad no se incrementarán para los alumnos gracias a esa reserva. Quienes ingresan a estudiar en enero pagarán lo mismo y no subirán costos. Tampoco se alterarán los programas y estos seguirán con normalidad.

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