31 de diciembre de 2016 00:00

El Gobierno disolvió la UNE por incumplir con su estatuto

La comisión liquidadora todavía no ha presentado un informe para conocer cuál es el patrimonio de la UNE

La comisión liquidadora todavía no ha presentado un informe para conocer cuál es el patrimonio de la UNE. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

Luego de 66 años de existencia jurídica, la Unión Nacional de Educadores (UNE) fue disuelta. La notificación llegó el 18 de agosto. Sus dirigentes reiteraron que acudirían a todas las instancias, incluso internacionales. Además aseguraron que otro Gobierno les devolverá la vida legal, pues la legitimidad no se la han quitado.

De su lado, las autoridades desmintieron cualquier intención de perseguir a una agrupación social. Se especificó que había 2 781 organizaciones que debían regularizarse. En el proceso se argumentó que no cumplieron con su propio estatuto y tampoco con el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales.

El Gobierno, en varias oportunidades, criticó la cercanía de la UNE con el extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), hoy Unidad Popular. Sus principales cabezas no negaron la relación y varios de sus cuadros fueron candidatos de ese partido político.

La comisión liquidadora todavía no ha presentado un informe para conocer cuál es el patrimonio de la UNE, cuántas edificaciones posee. Tampoco se conoce cuántos empleados tenía en total.

Según el representante jurídico de la comisión, los municipios donaron alrededor de 30 inmuebles a la exUNE. Y entonces esperaban información de los síndicos de los gobiernos autónomos descentralizados para saber si las donaciones se revertirían porque no se cumplieron las condiciones de entrega.

La comisión entregó un inmueble, ubicado en Tena, en la Amazonia, valorado en USD 244 134, 64 a dos ciudadanos que dijeron haber trabajado sin pago, por más de 40 años, para la UNE.

Antes, la UNE ya tuvo otros desacuerdos con el Gobierno al cual acusó de una sistemática persecución. En el 2009 se eliminó el descuento vía rol de pagos de la cuota sindical y en ese mismo año se desarrolló su última paralización de varios días. La Red de Maestros, afín al Gobierno, ocupó su lugar apoyada por el entonces ministro Augusto Espinosa.

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