16 de enero de 2017 15:50

Testigo de asesinato de Berta Cáceres denuncia a Estado de Honduras ante CIDH

El activista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres, denunció que la fiscalía de Honduras no ha solicitado su colaboración para reconocer, de entre los siete detenidos por el caso, a uno de los aut

El activista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres, denunció que la fiscalía de Honduras no ha solicitado su colaboración para reconocer, de entre los siete detenidos por el caso, a uno de los autores materiales de los hechos. Foto: EFE.

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Agencia EFE

El activista Gustavo Castro, testigo del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, dijo hoy (16 de enero de 2017) que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones cometidas por Honduras al retenerle ilegalmente en el país mediante decisiones "arbitrarias".

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, Castro relevó que acudió a la Comisión en diciembre pasado, mientras que este mes también presentó una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores por el delito de "abuso de autoridad".

Castro es el único testigo del asesinato, ocurrido el 3 de marzo de 2016 cuando él se hospedaba en casa de Cáceres, ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza.

Durante los días posteriores al crimen, el activista participó en varias diligencias de prueba -recurso que se contempla cuando se prevé que el testigo va a abandonar el país-, pero cuando ya tenía el permiso para salir hacia México, el 7 de marzo fue interceptado por autoridades hondureñas en el aeropuerto de Tegucigalpa.

En la denuncia ante la CIDH se responsabiliza a Flores, la fiscalía hondureña y la Corte Suprema de Justicia de actuar de manera "inconstitucional" en el proceso.

La denuncia ante la CIDH se presenta "ante la falta de justicia, de eficacia de los recursos legales en Honduras", dijo uno de los abogados del activista mexicano, Miguel Ángel de los Santos.

La defensa no se habría visto obligada a acudir a instancias internacionales "si (Honduras) hubiera reconocido violaciones de derechos humanos interpuestas en los tribunales" del país, defendió De los Santos.

Castro recordó que en el aeropuerto se produjo un "secuestro de Estado", ya que le retuvieron de manera ilegal, "sin presentar ningún documento oficial", algo por lo que posteriormente le pidieron disculpas.

Finalmente, pudo abandonar el país el 1 de abril, una vez que la juez decidió "dejar sin valor y efecto" la alerta migratoria que regía contra él.

"Queremos dejar de ver con normalidad que el Estado hondureño siga violando derechos humanos" y "restringiendo derechos fundamentales", apuntó otro de los abogados de Castro, Edy Tábora.

El abogado hondureño resaltó que los funcionarios no tienen más atribuciones que las que marca la ley, por lo que la defensa espera que quienes se hayan sobrepasado reciban sanciones administrativas, civiles o incluso penales si se demuestra que "han cometido algún delito".

Castro también reclamó que la fiscalía hondureña no le ha llamado para reconocer, de entre los siete detenidos en el proceso, a uno de los autores del homicidio, a quien llegó a ver el rostro en el momento del atentado.

"Es una prueba de que no quieren que yo colabore con este proceso", señaló el mexicano.

Aun así, añadió que no basta con detener a los autores materiales, sino que también es importante llegar a saber "quiénes están detrás, quienes mandaron la ejecución de ese crimen". Quienes entraron en casa de Cáceres para cometer el asesinato "no actuaron solos", remarcó.

Castro pidió que se rompa todo el secreto que hay alrededor de las pesquisas, porque "se están viendo una debilidad en la investigación terrible" y no hay "claridad" en el proceder de la justicia.

Además, los familiares de Cáceres no están siendo notificados cuando hay algún avance en la investigación o cuando se produce la detención de algún presunto responsable, como ocurrió el pasado jueves, cuando un exmilitar fue capturado en México por su supuesta vinculación con el caso.

Cáceres, dirigente ambientalista y defensora de derechos humanos, era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y tenía medidas cautelares de la CIDH.

Una semana antes de morir había denunciado que cuatro activistas de su entorno habían sido asesinados y varios más habían sufrido amenazas.

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