18 de junio de 2017 00:00

¿Puerto Rico asiste a su sometimiento colonial?

Los independentistas dicen que el actual estatus del país enmascara un tipo de colonia. Ricardo Arduengo / AFP

Los independentistas dicen que el actual estatus del país enmascara un tipo de colonia. Ricardo Arduengo / AFP

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Agustín Eusse
Editor (O)

Corría el 1 de marzo de 1954 en Washington. Rafael Cancel Miranda logró introducir un arma dentro del Capitolio de Estados Unidos y, junto con otros tres nacionalistas puertorriqueños, abrió fuego desde la galería de visitantes hiriendo a cinco miembros del Congreso.

Los atacantes, tres hombres y una mujer, fueron rápidamente detenidos y sentenciados. Cancel Miranda, entonces de 23 años, recibió la sentencia más larga: 85 años. Pasó 25 años en prisión antes de que su sentencia fuera conmutada por el presidente Jimmy Carter.

Cancel Miranda -que actualmente vive en un barrio de San Juan, capital de Puerto Rico- es el último superviviente de los atacantes que sigue asistiendo a los eventos independentistas que se organizan de vez en cuando, donde la gente más joven lo recibe como a una leyenda. Sus rencores de hace 63 años ahora están más frescos que nunca debido a la bancarrota que aqueja a la isla caribeña: el país de 3,5 millones de habitantes enfrenta obligaciones de deuda y pensiones por la asombrosa cantidad de 123 mil millones de dólares.

La difícil situación económica se manifiesta ya en recortes presupuestarios y la reducción de beneficios a empleados públicos, como el recorte a la jornada laboral. Solo en este semestre se han cerrado 179 escuelas del sistema público con el alegado propósito de ahorrar fondos. La Universidad de Puerto Rico -a la que se le exige un recorte mortal de USD 450 millones en dos años- permanece cerrada hace dos meses.

La isla atraviesa la fase más aguda de una recesión que se extiende desde que en 2006 EE.UU. canceló el esquema de exenciones fiscales a grandes empresas que atraía inversiones a Puerto Rico y hacía funcionar su economía.

Hoy, el territorio bracea por contener las exigencias de pago de sus acreedores (USD 73 000 millones en bonos de deuda pública) y por encontrar el modo de cubrir un hueco de USD 49 000 millones en su sistema de pensiones, además de sostener los salarios públicos y la cobertura sanitaria. Un 46% de sus habitantes vive en la pobreza, el desempleo supera el 12% y el PIB per cápita es de 28 000 dólares, frente a los 53 000 de EE.UU.

La crisis ya muestra impactos de largo plazo. Desde el censo del 2010 hay una caída demográfica debido a la emigración y a un crecimiento natural negativo (más muertes que nacimientos). En los últimos seis años, se calcula que más de 300 000 puertorriqueños, en su mayoría jóvenes, abandonaron el país para ir a Florida y Texas, entre otros destinos, en busca de mejores oportunidades económicas.

Estas son varias de las razones por las cuales el país se declaró en quiebra en mayo de este año con el fin de comenzar a reestructurar su multimillonaria deuda, convirtiéndose así en el protagonista del mayor proceso de bancarrota de un territorio bajo la jurisdicción de EE.UU. en la historia.

Washington supervisa sus finanzas, pero no muestra disposición a rescatar a Puerto Rico, entre otras cosas porque no es propiamente un estado de la Unión. Esto ayuda a los nacionalistas a dar sentido a sus resentimientos. En junio del año pasado, el entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García, viajó a Nueva York y declaró ante un comité especial de las Naciones Unidas que, a pesar de las apariencias, Puerto Rico seguía siendo una colonia de EE.UU.

La colonia más antigua

Desde que llegó Cristóbal Colón en 1493 hasta 1898, Puerto Rico fue colonia de España. Y desde ese año fue cedido por España a EE.UU. como botín de guerra. En su libro titulado ‘Puerto Rico: la colonia más vieja del mundo’, el catedrático de derecho de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Silva-Ruiz, dice que los puertorriqueños deben enfrentar la dura verdad de su estatus político más allá de lo que dice la Constitución de 1952, que lo consagra como un estado libre asociado (ELA) de EE.UU.

En ese año, Naciones Unidas retiró a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos (los que se consideran colonias) y EE.UU. terminó de asumir su rol como máxima potencia poscolonial del mundo.

Pero el debate en este pequeño territorio parece que no se termina de saldar. La cuestión del estatus de la isla sigue tan vigente 65 años después que el pasado domingo 11 de junio los puertorriqueños votaron por quinta vez qué relación política desean tener con Estados Unidos. Tal como sucedió con las consultas de 1967, 1993, 1998 y 2012, el plebiscito no tiene carácter vinculante para el Gobierno o Congreso de EE.UU. Y tal vez por eso, los votos cayeron en saco roto.

En esta oportunidad, las opciones para los boricuas eran tres: buscar convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, ser un país independiente o seguir con el estatus territorial actual. El 97% de los puertorriqueños eligió a favor de la estadidad (incorporarse de forma completa a EE.UU.), en un proceso marcado por la baja participación, con solo el 23%, es decir, 511 000 personas de los 2,6 millones de personas habilitadas para votar.

La normativa que habilitó este quinto plebiscito, firmada por el actual gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, se llama “Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico”.

Puerto Rico acudirá mañana ante el Comité de Descolonización de la ONU, en el que se tratará, otro año más, el asunto de la relación política de la isla respecto a EE.UU.

Como ELA, Puerto Rico tiene autoridad sobre su política interna, supeditada a las leyes estadounidenses y sin control sobre sus relaciones exteriores. En el Congreso de EE.UU., hay un delegado puertorriqueño con voz, pero sin voto. Asimismo, los boricuas son ciudadanos estadounidenses, aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales mientras vivan en la isla. Allí, por contraparte, no pagan impuestos federales.

Para quienes promueven la “estadidad” la inyección de dinero de parte del gobierno federal resolvería la crisis económica. Pero la mitad de la población, o más, piensa que esto no ocurrirá porque el Congreso estadounidense es reticente a entregar más dinero, explica Edwin Meléndez, especialista de la U. Hunter de Nueva York.

El profesor de la U. de Puerto Rico, Efraín Vázquez, sostiene que la anexión de Puerto Rico a EE.UU. significaría la disolución de la nacionalidad puertorriqueña dentro de otra nacionalidad dominante. “Resulta inaudito que se pretenda convertir una nación latinoamericana y caribeña cuyo vernáculo es el español y cuya cultura y valores son únicos e intransferibles, en una minoría cultural y étnica, católica, marginada, discriminada y pobre de otra nación distinta”. Igualmente -dice- es una contradicción querer incorporarse a quien les ha mantenido inmoral e ilegalmente por más de un siglo como una indigna colonia, discriminado y condenado a Puerto Rico a la dependencia económica, y a una relación comercial injusta y desleal que ha propiciado la pobreza en el país.

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