El Ecuador asiste a un cambio de gobierno, luego de diez años de un modelo –el correísta- que ha significado avances, pero también retrocesos. Una idea central podría ser la iniciación de un proceso donde la ciudadanía y no exclusivamente el Estado tenga un papel protagónico en la vida nacional.
No es el espacio para realizar evaluaciones. Pero un punto de vista diferente en estos momentos de desconcierto, no cae mal. Los economistas dirán, por ejemplo, que hay una abultada deuda externa; que el déficit presupuestario es alto, y que el desempleo ha aumentado. Otros, en cambio, sostendrán que la ‘década ganada’ es un hecho, por la disminución de los índices de la pobreza extrema y la alta inversión pública, bajo la dirección de un Estado garantista de derechos. Y los políticos –cada quien desde su enfoque ideológico- expresarán que el presidencialismo autoritario dejó un discurso –el de la denominada revolución ciudadana- cargada de un pensamiento único, y obras por todo lado, a costa de un petróleo caro y una deuda impagable.
• Sociedad civil adormecida
El último gobierno se caracterizó por un liderazgo fuerte, con muchos adjetivos contra los medios y excesiva propaganda más que comunicación; una obra modernizadora innegable –carreteras y escuelas del milenio-; un crecimiento del Estado descomunal, y una notable irrupción del Estado y su rectoría en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Lo público tuvo preeminencia, mientras que la sociedad civil no solo estuvo relegada sino adormecida y maniatada –un mal ejemplo es el Decreto 16-, y el sector privado sin reglas de juego claras.
Un paso valioso –hay que reconocerlo- fue la suscripción del acuerdo con la Unión Europea, y los nuevos vínculos comerciales y políticos con el Viejo Continente. En el campo de la educación también se ha visto mejoras, sobre todo en la infraestructura y equipamiento, y un porcentaje elevado en la cobertura escolar (96%). Y también en salud. Una debilidad estructural –del anterior y de todos los gobiernos juntos- ha sido la corrupción y la impunidad. La prisión de varios ministros, gerentes, y el escape de la mayoría de los involucrados en estos latrocinios, no ha menguado la tristeza y el desencanto de la población ecuatoriana.
• Defensa de la democracia
Frente al nuevo gobierno que se ha iniciado, cabe insistir en la defensa del modelo democrático y las libertades públicas; en la eliminación progresiva de la pobreza y sus causas; la transparencia en todos los niveles y ámbitos: público, privado y sociedad civil, y la búsqueda de acuerdos de gobernabilidad básicos –fiscal, político y económico-, que hagan posible que el Ecuador se desenvuelva en un sistema justo, inclusivo, respetuoso de los derechos humanos, y donde los ciudadanos podamos ejercer una contraloría social.
En esa línea de pensamiento es urgente partir de un principio clave: más sociedad y menos Estado. Esto quiere decir el desarrollo de capacidades y competencias –más el ambiente de confianza necesario- para que los ciudadanos del Estado llano podamos emprender proyectos, fortalecer la micro empresa y fomentar las redes que permitan dinamizar la economía informal y formal.
Este cambio incluye una voluntad política para acercar el Estado a los ciudadanos, y que los servicios públicos sean de calidad y gratuitos –como manda la Constitución, en los campos de la educación y la salud-, y la necesaria participación ciudadana. A propósito, una sugerencia: el denominado cuarto poder debería evaluarse. Sus misiones fueron elegir por meritocracia a los dignatarios del Estado, y la lucha contra la corrupción. La primera dejó sabor agridulce porque los elegidos tuvieron una hoja de vida cercana al gobierno; y la segunda, una debilidad completa: cero anticorrupción.
• Agenda mínima
Una agenda mínima es entonces necesaria. Un acuerdo marco de gobernabilidad –como queda dicho-, y varios contratos específicos con todos los sectores sociales, económicos y políticos, sobre la base del bien común y el principio de subsidiaridad. Esta agenda debe recoger, por lo menos, los principios del desarrollo humano sostenible y sustentable, refrendados por las Naciones Unidas: salud y nutrición para todos; educación de calidad para todos y toda la vida; y empleo seguro, dentro de un sistema que respete la naturaleza y una ética civil anclada a los derechos humanos.
El problema del Ecuador profundo –todos lo sabemos- no pasa, necesariamente, por las leyes y decretos, sino por procesos de cambio mental y cultural: de una sociedad patriarcal a una sociedad participativa, equitativa y democrática; de una sociedad centrada en el lucro y el mercado a una sociedad marcada por la solidaridad; de una sociedad clientelar a una sociedad de libre pensadores, emprendedores y respetuosos de los derechos y deberes propios y ajenos. ¡E intentar “ciudadanizar” la política!
El nuevo gobierno tiene retos fuertes. Pero ninguno será más fuerte que la voluntad de los ciudadanos que han asumido la conciencia crítica de cambiar por dentro, dentro de nuestras familias, con nuestra vecindad y ciudad, que libere las potencialidades adormecidas y construya nuevos sistemas de participación más solidarias y fraternas. Queremos, entonces, más sociedades abiertas y menos Estado obeso, concentrador y perseguidor.