La puerta metálica negra está cerrada. Por un orificio apenas se divisa un amplio patio adoquinado y al fondo un vehículo blanco. Allí funciona una panadería y hasta el 10 de abril pasado también operaba una mecánica automotriz.
Ese día, agentes de la Policía y de la Fiscalía decomisaron una computadora que habría usado una persona que se identificó como química farmacéutica. Según el expediente que reposa en los archivos digitales de la Función Judicial, ella habría ordenado que “se borre o se tache el texto: prohibida su venta”. También que se modifiquen las “fechas de elaboración y caducidad del producto”. Y que se “tache el nombre de la bioquímica responsable”. El caso aún se indaga en la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General.
Entre enero y agosto del 2013, este organismo ha recibido 15 denuncias de pastillas adulteradas. El año pasado fueron 18.
La Cámara de Industriales Farmacéuticos del Ecuador (CIFE) conoce que se ha llegado a controlar solamente a 600 tipos de medicamentos, cuando en el mercado local circulan unos 4 000.
Información que reposa en la Comisión Legislativa de Salud revela que en operativos policiales, los agentes encontraron medicamentos falsos “compuestos de sustancias tóxicas, como pinturas, talco, tiza, diferentes ceras y cemento”.
Por ejemplo, la organización privada Gestión Antipiratería, informó del hallazgo de ampollas de inyecciones “rellenas con agua sucia y colorante”. Pero no hubo más detalles de esta investigación.
En la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía también se investiga otro caso detectado en Portoviejo. Se trata de una supuesta adulteración de pastillas. En el caso de Quito, en la panadería nadie habla del tema.
El martes apareció una mujer y confirmó que hasta allí llegó la Policía, pero que en ese momento ya no funcionaba la mecánica. Se quedó en silencio y se fue.
Según la Fiscalía, aparentemente allí se “acondicionaban” los empaques de los medicamentos utilizados para tratar enfermedades catastróficas, como el cáncer, que forman parte del programa de gratuidad de salud del Estado.
En el empaque se decía que los productos caducaban en junio del 2014. No obstante, en el Registro Sanitario (RS) de estos mismos medicamentos se decía que estos expiraban en junio del 2013.
Este caso desató más detalles de cómo operan los grupos delictivos para alterar la información de los fármacos: ponen etiqueta sobre etiqueta o simplemente borran la fecha de caducidad y esta no concuerda con los datos que oficialmente constan en el RS.
Una medicina, antes de salir al mercado, debe obtener un Registro Sanitario, que es la identificación individual de cada producto.
El artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud establece que “están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, medicamentos en general (…) para su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio…”.
Incluso, el Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para los medicamentos (art. 36) establece que las autoridades realizarán controles periódicos de RS.
Según esa norma, las inspecciones se realizarán en lugares de fabricación, almacenamiento, transporte y expendio. Y que de encontrar anomalías en las muestras estudiadas “se suspenderá automáticamente el registro”.
Juana Ramos, presidenta de la CIFE, que aglutina a ocho socios de la industria farmacéutica que operan a escala nacional, indica que a pesar que se estableció un reglamento para normar los controles del posregistro, en el 2010, estos no se han realizado.
Aclara que esa falta de vigilancia puede derivar en manejos inadecuados del producto. “Por ejemplo, los que requieren una cadena de frío pueden sufrir deterioro por errores en el almacenamiento y en el transporte”. Eso precisamente ocurrió en el caso de la panadería.
Según los datos recopilados en la investigación, los fármacos eran transportados en cajas y estaban expuestos al calor de los hornos.
Precisamente, eso preocupa a René Viteri, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias Independientes Quito Luz de América, que reúne a 60 locales. “No existe una garantía de que después de obtener el registro sanitario, el manejo de los medicamentos sea el adecuado.
Estos controles debería realizar la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). En este organismo no hay respuestas a los pedidos para que se explique lo que ocurre.
En el proyecto de Ley Orgánica de Salud (art. 206), que aún se analiza en la Asamblea, se plantea que la Autoridad Sanitaria Nacional realice periódicamente controles posregistro de todos los productos sujetos a registro sanitario.
En la construcción de este cuerpo legal se tomará en cuenta experiencias de otros países de la región. En Colombia, México y Argentina los medicamentos producidos pueden ser falsificados hasta en un 40%. Solo en Perú el mercado de estos productos falsos alcanza hasta los USD 66 millones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las medicinas falsificadas representan un 25% del suministro total en los países menos desarrollados.
Según la Policía Internacional (Interpol), el año anterior en un operativo que duró al menos una semana en 100 países del mundo se decomisaron 3,75 millones de medicamentos falsificados vendidos en la Internet.
Los cálculos por las pérdidas ascendieron a USD 10,5 millones.
En los archivos digitales de la Fiscalía se indica que en abril pasado, los agentes detuvieron en la ciudad de Quito, a 10 personas porque presuntamente comercializaban y distribuían medicamentos adulterados.
Por casos como este, en el proyecto de Ley Orgánica de Salud se plantea que parte de las actividades de la Autoridad Sanitaria Nacional (Superintendencia) es establecer un sistema de regulación de productos farmacéuticos para certificar su calidad, seguridad, eficacia, tolerancia, pureza y estabilidad, mediante el registro.
Según la propuesta, la Autoridad Sanitaria Nacional será la encargada de controlar el sistema de salud, tanto público como privado.
Se plantea también que en los precios de los fármacos importados se considere el valor con el que llegan al país. El objetivo es realizar un control de precios.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos considera que se debería elaborar un reglamento especial para ello. El gremio solicitó a la Comisión que se den incentivos para mejorar la producción y exportación de los productos.
La OMS ha detectado falsificaciones de todo tipo de medicamentos, desde los que se usan para tratar enfermedades que ponen en peligro la vida hasta analgésicos, antihistamínicos y genéricos de bajo precio.
Las autoridades locales controlaron a 3 135 productos alimenticios; de ellos 93 no contaban con registro sanitario, 46 tenían el registro sanitario caducado, 176 tenían otros problemas.