29 de septiembre de 2016 16:42

Inquietud en cadenas de cines por 10% de impuesto para películas extranjeras planteado en proyecto de Ley de Cultura

Foto: Archivo / EL COMERCIO

Con un precio de las entradas que oscila entre los USD4.20 y USD4.50, la industria de exhibición vende aproximadamente 16 millones de boletos por año. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Entretenimiento

El proyecto de Ley de Cultura que se debate en la Asamblea contempla la creación de un impuesto para el fomento de la cultura y las artes. Esta contribución será del 10% sobre la totalidad de las ventas de entradas de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cine.

El Estado sería, según la propuesta, el sujeto activo de este impuesto y los sujetos pasivos, las personas naturales y las sociedades propietarias de las salas de cine comercial.

Para Santiago Cárdenas, gerente general de Multicines, la aplicación de cualquier nuevo tributo que se proponga a la exhibición de películas traería “graves consecuencias” a toda la estructura de la actividad cultural cinematográfica.

“No se puede concebir el fortalecimiento de una cadena debilitando a uno de sus eslabones”, dice Cárdenas sobre la eventual contribución del 10% a la exhibición de películas extranjeras en las salas de cines comerciales y que “superaría en monto a la cantidad cancelada por impuesto a la renta del ejercicio”.

Para Marcelo Quiros, gerente nacional de marketing en Cinemark, “un impuesto más complicaría mucho el negocio” y restaría la competitividad de esta actividad en el contexto regional.

Cárdenas detalla que para la exhibición de películas en cines se aplica un Impuesto Municipal a los Espectáculos Públicos del 10%, además de ciertas tasas que se generan en municipios específicos, como la Junta de Beneficencia de Guayaquil o el Fonsal (Instituto Metropolitano de Patrimonio) en Quito.

Esta carga tributaria es adicional a otros rubros que soporta la actividad, como el Impuesto a la Renta, contribuciones, pagos de participación a productores, amortización de inversiones, concesiones de locales, gastos fijos, entre otros.

Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, subraya que en un mundo globalizado no es pertinente que se establezca este nuevo impuesto. "Esto orientará -dice- a que las personas ya no vean películas extranjeras".

Torres agregó que se debería buscar otra fuente de financiamiento y no la que propone la Ley de Cultura, porque este impuesto se le cobraría a la empresa pero el usuario sería el que lo terminaría pagando. “Creo que debe financiarse la producción nacional pero esta no es la mejor fórmula”.

Para exhibidores a menor escala, la repercusión de este nuevo impuesto sería mayor, según explica Paola Mendoza, gerente de Mis Cines Sangolquí. En esta empresa, por ejemplo, además de los impuestos gravados por ley se debe pagar una garantía previa a determinados distribuidores para poder incluir películas en sus carteleras.

Antes de fijar un impuesto de este tipo a la exhibición, Mendoza dice que se debería analizar todas las áreas en la cadena de producción cinematográfica, así como debatir sobre el impacto en una actividad que se enfrenta directamente a la competencia de la exhibición de cine en plataformas digitales.

Con un precio de las entradas que oscila entre los USD 4.20 y USD 4.50, la industria de exhibición vende aproximadamente 16 millones de boletos por año. A decir de Cárdenas, se trata de una actividad que mantiene inversiones superiores a los USD 200 millones en infraestructura, con una cobertura de alrededor de 267 pantallas distribuidas en más de 17 ciudades, donde el 98% de proyecciones corresponden a películas extranjeras.

En Mis Cines, por ejemplo, se proyecta una película nacional por cada ocho cintas extranjeras. Operaciones que generan aproximadamente 2 000 empleos directos, además de todos los indirectos por provisión de servicios, productos e insumos.

El representante de Multicines apoya la idea de que el país necesita fomentar la producción local y fortalecer áreas como la capacitación, marketing o financiamiento. Sin embargo, no apoya la idea de que los fondos para dichos incentivos vayan de un eslabón de la cadena a otro, “porque distorsiona la relación entre actores de una misma industria y debilita la capacidad de la industria de seguir creciendo y evolucionando”.

Para Mendoza, el fortalecimiento de la producción nacional no puede depender de un nuevo impuesto, sino que se debe trabajar más en promoción y calidad.

Quiros plantea un trabajo en conjunto entre los distintos actores de la producción audiovisual que apunten hacia la coproducción, la realización de festivales, auspicios públicos y privados, que además estén acompañados de un eficaz control a la piratería.

Cárdenas explica que las películas de producción nacional reciben el tratamiento estándar de la industria en cuanto a permanencia mínima en cartelera, cantidad de funciones durante las dos primeras semanas y sobre el porcentaje de participación de taquilla, pero señala que los resultados de taquilla no los decide el exhibidor sino el público. “Una película será vista porque le interesa al consumidor, no porque esté programada en cartelera”, dice el ejecutivo.

En ese sentido, para Quiros existe una relación directa entre la calidad de un filme y su éxito en taquilla y añade que “tener más contenido (nacional) no necesariamente significa que sea de mejor calidad si peligra la exhibición”. Al ejecutivo de Cinemark, la posible implementación de un nuevo impuesto le deja varias inquietudes sobre el encarecimiento de las entradas y la disponibilidad del usuario de asumir nuevos costos en este servicio de entretenimiento.

Por su parte, Marcel Morán, gerente de operaciones de Supercines, dijo que la empresa no emitirá ningún comentario hasta después de la aprobación de la Ley de Cultura, cuyo debate fue suspendido el pasado martes 27 de septiembre.

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