14 de diciembre de 2016 14:28

Rafael Correa hizo 21 observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Cultura

En la foto, el presidente Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano No. 500 desde La Maná, en la provincia de Cotopaxi, en la Sierra centro del Ecuador. Foto: Flickr / Presidencia de la República del Ecuador

El presidente Rafael Correa objetó parcialmente el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Foto: Flickr / Presidencia de la República del Ecuador

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Gabriel Flores

En un documento remitido a Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, con fecha de 12 de diciembre del 2016, el presidente Rafael Correa objetó parcialmente el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura. En el texto se incluyen 21 observaciones, que al momento, están siendo revisadas por los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Uno de los artículos que fue objetado es el 26 relacionado a los deberes y derechos del ente rector del Sistema Nacional de Cultura. Correa consideró necesario incluir entre las atribuciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio el de aprobar la normativa interna de todas las instituciones del Sistema Nacional de Cultura.

En el documento se incluye el numeral q) Aprobar los estatutos de las instituciones miembros del sistema Nacional de Cultura con excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Respecto a este tema la asambleísta Ximena Ponce menciona que todos los ministerios rectores tienen la potestad de aprobar los estatutos de las organizaciones afines.

Una de las instituciones que están dentro de esta normativa es la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). Ponce agrega que la CCE podrá elaborar sus estatutos pero quien los aprobará será el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Raúl Pérez Torres, presidente de la CCE, asegura que con esta medida se acaba con la autonomía de la institución. “En todos los órganos de decisión de la CCE tienen que estar un representante del ente rector y eso de ninguna manera significa que vaya a existir autonomía”.

En el artículo 162, el ejecutivo sugiere que la elección de las autoridades provinciales de la CCE el voto sea universal y voluntario y los miembros sean elegidos por mayoría simple. Pérez Torres agrega que esta observación es ilógica. “Es como si en la universidades votaría todo el pueblo y no solo los profesores. Lo que nosotros hacemos es una votación universal pero de todos los miembros de la CCE. Con esto se da potestad a que voten las personas que son parte del Registro único de Autores que será manejado por el Ministerio de Cultura”.

Otras de las observaciones del presidente Correa tienen que ver con el tema de los tributos. En el artículo 118, literal e) se establece la disminución de aranceles para la importación definitiva y exoneración de aranceles para internación temporal de bienes e insumos artísticos y culturales se sugiere que establezca claramente a sus beneficiarios.

Según la propuesta del Ejecutivo el literal e) se menciona que los beneficiarios sean las personas naturales o jurídicas que consten en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales o sean Parte del Sistema Nacional de Cultura. Ponce cree que esta observación no es una forma de condicionamiento a las personas que no decidan ser parte del RUAC. “Este es un beneficio que se está creando para un grupo que tiene una articulación al Sistema Nacional de Cultura”.

Entre las observaciones que se hicieron desde el ejecutivo también está la eliminación de todas las finalidades del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura porque se considera técnicamente incorrecto planes de manejo de política pública en una normativa legal.

Mónica Varea, quien trabajó de forma directa con el ministro Raúl Vallejo, dice que la única razón para que exista este cambio es porque se piensa trabajar una normativa específica en el reglamento.

Dentro de las Disposiciones Transitorias que fueron objetadas está la Décimo Quinta en la que señala que en un plazo de 120 días los recursos del Fondo Nacional de Cultura (Foncultura) pasen a alimentar el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. La propuesta es que el plazo se extienda 24 meses. Ponce subraya que durante este tiempo el Banco de Desarrollo del Ecuador seguirá gestionando el saldo disponible.

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