25 de enero de 2017 00:00

El proyecto de Código de la Salud genera preocupación

Alberto Narváez, Ramiro García y Estefany Altamirano hablaron sobre el Código. Foto: Mariela Rosero/EL COMERCIO

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Mariela Rosero

El financiamiento del sistema, las sanciones a profesionales y pocas referencias al aborto y a derechos sexuales y reproductivos. Al menos esos tres temas, que son parte del proyecto de Código Orgánico de la Salud, inquietan a los gremios de médicos, grupos de activistas y al Colegio de Abogados de Pichincha.

En noviembre de 2016, la Comisión de Salud reactivó el debate en torno al tema, calificado por el Consejo de Administración Legislativa en mayo del 2016, por lo que los representantes de Alianza País descartaron acusaciones de posible cálculo político, por la cercanía de las elecciones.

Entonces, su presidente, William Garzón, recordó que antes la Mesa se concentró en el tratamiento de la Ley de Medicina Prepagada, entre otras. Hasta ayer, los legisladores no eran citados para una sesión en torno al tema esta semana.

Pero, la discusión para la construcción del Código no se ha detenido. Las conversaciones se hacen en dos espacios: uno la Asamblea y otro, el Ministerio de Salud, por separado. Esto según comentó José Eras, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Eras contó que en diciembre recibieron un documento borrador del Legislativo.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, considera que se deja abierta la posibilidad de que sean los ciudadanos quienes deban pagar por los servicios de salud. Habló del copago o pago compartido.

El proyecto tiene 373 artículos. En el cinco, que la Asamblea distribuyó en noviembre, se dice que el Estado garantizará el derecho a la salud. Y que el financiamiento público será oportuno, regular y suficiente y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado, “así como de otras fuentes”.

También se indica que las atenciones en la red pública integral se harán bajo el principio de gratuidad. Y que nadie que resida en el país realizará pagos directos por dichas atenciones en el punto de servicio, “sin perjuicio de mecanismos de aporte que definan las autoridades competentes del Estado para asegurar la sostenibilidad del financiamiento”.

En el artículo 50 se habla de los recursos que financian al sistema nacional de salud. Y se menciona además del Presupuesto General del Estado, a preasignaciones para financiar prestaciones, contribuciones obligatorias para la salud a la Seguridad Social. Y los aportes directos e indirectos de los hogares a los seguros privados, empresas de salud prepagada, donaciones y otros aportes de carácter solidario, progresivo u obligatorio.

El oficialista Carlos Velasco ha encabezado el trabajo en torno al proyecto de Código de Salud. Y descarta la intención de darle paso al copago.

Hay un tema de gratuidad que está en la Constitución, dice. Aunque admite: “buscamos (responder a) una pregunta de fondo que es buscar otras formas de financiamiento. No podemos poner ni copago ni tarifario, pero que el sistema tenga dificultades en su financiamiento es otra cosa”.

Este legislador también reconoce un problema. El Régimen ha garantizado el acceso a la salud pero la demanda es alta. Por eso, reitera, hay que verificar la calidad. Y deja en el debate un punto: “Si el enfermo necesita una cirugía de próstata y me la pueden hacer, pero luego de dos años, ¿qué?”.

Para otro integrante de la Mesa, Paco Fierro, del PSP, hay que cumplir con la Constitución, que dice que todos los servicios deben ser gratuitos. Pero, afirma, ahora mismo se abastecen los dispensarios médicos, hay escasez de insumos y el paciente colabora.

Alberto Narváez representa a la Plataforma Salud y Vida, que dice agrupa a más de 20 organizaciones. Además de los otros puntos expuestos, él anota que es peligroso un Código con sanciones que pueden ser del 0,5 al 2% del ingreso anual de una persona declarado en el SRI, suspensión de licencia por “contravenciones administrativas”.

En el articulado se incluyen sanciones, que van de multas, suspensiones o cancelación del título habilitante de funcionamiento de establecimientos sujetos a control sanitario, de la licencia profesional, etc.

A Virginia Gómez, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, le preocupa que no se ubique a la violencia de género como problema de salud pública, que no se hable de servicios integrales para abortos permitidos como el terapéutico, entre otros temas.

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