8 de octubre de 2015 00:00

Hijas solteras de militares volvieron a las calles

Con carteles y banderas llegaron ayer a los bajos del Issfa las personas que dejaron de percibir la pensión de montepío. Foto: Andrés Jaramillo/ EL COMERCIO.

Con carteles y banderas llegaron ayer 7 de octubre de 2015 a los bajos del Issfa las personas que dejaron de percibir la pensión de montepío. Foto: Andrés Jaramillo/ EL COMERCIO.

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Andrés Jaramillo
Coordinador (I)

Llevan más de tres meses tocando puertas en las oficinas de las autoridades militares, hablando con abogados privados para que las asesoren y saliendo a las calles a reclamar.

Las pensionistas de montepío del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) quieren que se les restituya la pensión que se les asignó tras el fallecimiento de sus padres y que cobraban de forma mensual.

Se les entregaba un salario básico a unas 1 600 personas. Todas hijas solteras. Fue un derecho adquirido en 1994 que quedó sin efecto el 30 de junio pasado, tras una resolución de la Junta de Calificación de Prestaciones del Issfa.

Entonces, la disposición generó protestas de las afectadas tanto fuera del Ministerio de Defensa como en los bajos del edificio donde funciona el Issfa, en el norte de Quito.

Ayer 7 de octubre de 2015, un grupo de mujeres volvió al Instituto, con carteles en mano. Entre ellas estaba María García, de 72 años. Su padre fue sargento primero del Ejército y falleció en 1974. La pensión que percibía era para su subsistencia y la de su madre, que tiene 92 años.

Gastan cada mes, en promedio, USD 160 solo en medicinas y el dinero que les quedaba era para garantizar la comida diaria de ambas. “A esta edad quién nos va a dar un puesto de trabajo”, dice García. “Si querían quitarnos (la pensión) debieron hacerlo de jóvenes. Que les costaba respetar nuestra vida. En dos o tres años tal vez ya moriremos y podrán quedarse con ese dinero”.

Junto a ella también estaba María Reyes. Ella solicitó un préstamo en el Issfa antes de enterarse de la suspensión de la pensión. Lo hizo convencida de que los pagos podrían descontarse de ese ingreso, pero con los cambios ya lleva tres meses sin pagar las cuotas.

“El banco me dice que va a seguirme juicio de coactiva. Si iban a tomar esta decisión por qué me dejaron hacer el crédito. No tiene sentido. Ahora quién responde por la deuda”.

Ella obtuvo USD 1 400 que fueron empleados en la reparación de su cocina. Las cuotas mensuales por el crédito, a dos años de plazo, son de USD 60.

Carmen Toledo, en cambio, recordó que tras el fallecimiento de su madre, la pensión que ella tenía como soltera era una ayuda para cubrir los gastos del día a día. Era consciente de que podía perderla si contraía nupcias, lo que no ocurrió. Por eso esperaba que se mantuviera su condición de vitalicia.

“Es un derecho adquirido. No pueden irse contra la ley. Además, no estamos pidiendo limosna. Ese dinero se lo ganaron nuestros padres exponiendo su vida y sirviendo al país”.
El capitán de corbeta Marco Toleto fue su padre. Falleció hace 55 años. Durante ese tiempo nunca tuvo inconvenientes con el cobro o los créditos.

Incluso, cuando el país se dolarizó y hubo crisis. Entonces, las pensiones en sucres se transformaron a dólares y percibían entre USD 3 y 4.  Luego del 2010, tras un ajuste, comenzaron a percibir el salario básico. Entonces aplaudieron la decisión.

Ahora, las críticas apuntan al Issfa y a las autoridades del más alto nivel. “De qué buen vivir hablan si nos suspenden toda la atención, tanto económica como de salud. Ellos hablan de un estado que protege a las personas de la tercera edad, pero son solo palabras”, señaló Gladys Martínez, de 68 años.

Ella es una de las representantes que fue recibida por las autoridades del Issfa ayer, tras la concentración que hicieron. Estuvo durante cerca de una hora dialogando.

Según ella, no se obtuvieron mayores resultados. “Lo que nos dijeron fue que nos apoyan, pero solidariamente. Que no pueden hacer más, porque el Estado es el que nos ha quitado. Y que ellos hacen lo que el Estado (Gobierno) les ha dicho. Eso no está bien”.

Por eso ahora tratarán de moverse en al menos dos frentes. Uno legal, a través de recursos jurídicos que están presentando. Tienen el respaldo de abogados privados que se han sensibilizado con su lucha.

El otro frente será en las calles. Están tratando de juntar a los diferentes grupos de mujeres afectadas que se han formado en el país, para lograr una sola fuerza.

Se autoconvocaron a una nueva concentración prevista para el siguiente jueves 15 de octubre. Pero el punto de encuentro ya no será el Issfa, en Quito. Quieren llevar sus reclamos a la Plaza Grande, a Carondelet, para que el presidente Rafael Correa las escuche.

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