22 de February de 2010 00:00

La pobreza afecta a la isla Santay

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Redacción Guayaquil

Con solo bajar dos escalones de su casa, María Domínguez puede rozar con sus pies el agua amarillenta del río Guayas. Cuando la marea sube o con un aguacero, el caudal ingresa al caserío de caña y madera que ocupa una pequeña parte de la isla Santay.

En la orilla, las canoas varadas parecen dar la bienvenida. El panorama lleno de árboles y humildes viviendas contrasta con el ambiente del otro lado del río, donde está Guayaquil. Allí, los edificios y el malecón están imponentes.

Esa es la ciudad que María y otras comuneras de la isla visitan una vez por semana para comprar alimentos y conseguir agua. “Aquí estamos abandonados. No tenemos luz, no hay agua, no hay servicios básicos... No hemos visto cambios en tanto tiempo”.

Desde diciembre pasado, cuando el presidente Rafael Correa anunció que la isla pasaría a manos del Ministerio de Ambiente, Santay es parte de un litigio legal.

En 2001, la Fundación Malecón 2 000 asumió la administración de un proyecto para el lugar.

Esto a través de un comodato dado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y que es administrado en un fideicomiso en poder de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos BG (Banco de Guayaquil) SA.

El plan incluía la capacitación de los habitantes con fines turísticos, la restauración forestal de sus bosques de manglar y la provisión de agua potable y electricidad. Pero, según sus habitantes, el proyecto se cumplió a medias.

El sábado, en la cadena número 160 que se realizó en el cantón Rumiñahui (Pichincha), el presidente Correa anunció la declaratoria de las islas Santay y Gallo como Área Nacional de Recreación. El Primer Mandatario firmó el acuerdo para que la Santay pase al Ministerio de Ambiente.

En respuesta a los reclamos de la gente, la Defensoría del Pueblo de Guayas inició un expediente de indagación. La investigación se inició el 18 de enero y se afianzó el 20, fecha en la cual un grupo de comuneros, entre ellos Santos Domínguez, presidente de la Asociación San Jacinto de Santay, presentó una denuncia de maltrato por parte de funcionarios de Malecón. En la indagación, la Defensoría pidió a la Fundación el plan de manejo de la isla.

En un documento firmado por el gerente de proyectos de Malecón 2000, Roberto Espíndola, y el gerente financiero, Daniel Torre, se detalla brevemente el plan.

Los funcionarios lo resumen en cuatro grupos: social, que incluye aspectos de vivienda y servicios básicos; las alternativas económicas, relacionadas con la capacitación y la formación de guías nativos; el componente ecológico, sobre actividades de reforestación y promoción de aviturismo; y los proyectos planificados como la construcción de un muelle turístico, senderos y áreas de camping.

Para comprobar la ejecución de esos trabajos, el pasado jueves el delegado de la Defensoría del Pueblo de Guayas, Carlos Villacreces, recorrió la isla junto con un grupo de abogados. Fueron convocados representantes del Ministerio de Ambiente, del Municipio de Guayaquil, de la Fundación Malecón 2000 y del Ministerio de Vivienda.

Los delegados acudieron, pero con otro propósito. En la escuela Jaime Roldós Aguilera se reunieron con los comuneros. Manfred Altamirano, subsecretario de Gestión Marina y Costera, les explicó el plan para declarar a la isla como un área protegida de recreación. Esto debido a que Santay ocupa el puesto 1 041 en la lista internacional de humedales Ramsar. Altamirano habló brevemente sobre el término del comodato con la Fundación Malecón 2000. En este nuevo plan de manejo en manos del Gobierno aún no se esclarecen los intereses que los comuneros expresaron a las autoridades en un comunicado.

Estos van desde la asignación de un área comunitaria de territorio y la garantía de participación en la toma de decisiones.

“El Gobierno ha trabajado con los habitantes de la isla en un plan que permitirá convertirlo en el centro de recreación natural que se merecen Guayaquil y Durán”, señala un informe oficial.

En un documento facilitado por miembros de Amigos de Santay sobre el presupuesto de USD 293 500 que maneja la Fundación Malecón, se establece un rubro USD 52 000 para viviendas a través de un convenio con el Miduvi, Hogar de Cristo y la Fundación. Y otros USD 20 000 para la reforestación de los bosques.

Según los representantes de la comunidad, esa inversión no está del todo clara. Por ello pidieron a la Contraloría General del Estado que actúe y que se realice una auditoría del plan que la Fundación ejecutó en la Santay.

Esta es una isla de 2 214 hectáreas, que acoge a 258 habitantes.

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