30 de abril de 2017 00:00

La pesca ilegal sigue amenazando al medio ambiente

El 28% del total de capturas globales de peces corresponde a la pesca ilegal.

El 28% del total de capturas globales de peces corresponde a la pesca ilegal. Foto: Agencia EFE

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Isabel Alarcón
Isabel Alarcón (I)

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) es una preocupación latente para todos los países. Esta actividad alcanza los 26 millones de toneladas al año en el mundo, ocasionando no solo efectos ambientales, sino también económicos y sociales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), este tipo de pesca equivale entre el 7 y el 16% del total de las exportaciones pesqueras, lo que genera pérdidas económicas de hasta
USD 23 000 millones.

Javier Villanueva, experto en pesca de la FAO en América Latina y el Caribe, explica que esto pone en riesgo los medios de vida de los pescadores y la estabilidad de las comunidades costeras que dependen del comercio legal.

La operación de barcos, lanchas o personas sin autorización, la captura de especies protegidas o con alguna restricción y el irrespeto a las cuotas de captura, son las prácticas más frecuentes dentro de lo que se conoce como la Indnr.

“El país es exponente en la pesca y como tal no puede estar eximido de la responsabilidad”, dice Pilar Proaño, viceministra de Acuacultura y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap).

Ecuador se encuentra en el puesto número 25 entre los principales productores de capturas marinas en el mundo y es el tercer productor de conservas de atún. Cuenta con 558 embarcaciones industriales.

Aunque no se tiene cifras locales sobre el nivel de pesca no reportado, se están implementando acciones para frenar y prevenir esta actividad.

Hasta el momento se han instalado 25 inspectorías en distintos puntos con la finalidad de asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros. Además, se cuenta con un centro de monitoreo satelital que opera de forma permanente.

María Fernanda Marriott, directora de Pesca Industrial del Magap, cuenta que a través de estos puntos se ha podido establecer que Posorja, ubicado en el Guayas, es una de las zonas de mayor conflicto. Además, se determinó que entre las especies más amenazadas están: pinchagua, macarela, carita, caballa y sardina.

Hasta el 2020, indica Marriott, se tiene como objetivo “reglamentar eficazmente la explotación pesquera y aplicar planes de gestión con fundamento científico para restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible”. Esto es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Actualmente, se encuentran trabajando en un portal web de trazabilidad de la pesca para controlar, minuto a minuto, todo el proceso desde la captura hasta la obtención del producto final. Según Marriott, esto permitirá identificar los volúmenes y la captura que provienen de la pesca ilegal.

El sistema se encuentra en su etapa de prueba y se espera que empiece a funcionar en este año. En un futuro esperan que pueda ser accesible también al público en general para que puedan conocer en detalle el producto que están consumiendo en su mesa.

Según la Viceministra de Acuacultura y Pesca, paralelamente se está trabajando en una actualización a la Ley de Pesca y el próximo mes, Ecuador se adherirá al Acuerdo FAO sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto.

Este es el primer instrumento internacional vinculante orientado a prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sostiene Villlanueva. A través de esta, se prohíbe desembarcar las capturas a barcos pesqueros que no estén respetando las leyes.

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