18 de July de 2010 00:00

Perjuicio a deudos de afiliados al IESS

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Julissa Villanueva. Redactora

Tres días antes de solicitar su jubilación patronal, Luis Humberto Ron Ortiz, de 60 años, sufrió un triple infarto cardíaco.

Los planes para montar un restaurante con el dinero acumulado por los 29 años y 7 meses de trabajo en la ex Petrocomercial, se esfumaron el 4 de septiembre del 2009. El negocio lo iba a instalar con otros ingresos que recibiría como fondos de reserva, seis meses después.Poco a poco, los familiares trataban de superar el dolor por la pérdida. Pero medio año después hubo un hecho que revolvió los sentimientos. La pena se volvió coraje y frustración, dicen. Dolores y Blanca Ron, de 51 y 60 años, descubrieron que alguien se había lucrado de la muerte de su hermano Luis, un hombre alegre, quien soñaba con viajar mucho y divertirse.

“Cómo alguien puede estafar a un difunto”, dice con rabia Dolores, quien vivió siempre con Luis, hasta el deceso de este, en una modesta casa ubicada en Sauces 2, norte de Guayaquil.

Luis nunca se casó ni dejó hijos, y sus padres habían fallecido. Por lo tanto, los beneficios a terceros que dejó en la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) correspondían a sus hermanos. Pero en su lugar, un desconocido cobró los USD 7 703,86 de fondos de reserva. Similar hecho sucedió con otros 67 afiliados.

De aquella noticia se enteraron Dolores y María el pasado 13 de abril. Ese día acudieron al módulo 3 de la Caja del Seguro, ubicada en av. Olmedo y Boyacá, para presentar las seis copias de posesión efectiva de los beneficiarios. Pero una de esas trabas burocráticas retrasaron el trámite: la funcionaria de turno exigía un solo documento.

Ambas hermanas regresaron en la tarde. Tuvieron la suerte de encontrar como relevo a una empleada abierta al diálogo, quien sí aceptó los documentos. Allí descubrieron que la cuenta estaba en cero. Alguien ya había cobrado ese dinero.

48 días después, el pasado 1 de julio, el director provincial del IESS, Agustín Ortiz, informaba que tres funcionarios de la institución: uno de Fondos de Terceros y dos de Historia Laboral, junto a un afiliado externo, eran sospechosos de desviar fondos de afiliados fallecidos.

“Son actos irregulares que llevan más de 20 años, pero con la tecnología de hoy tenemos mejor control”, indicó. Este era el tercer caso fraudulento detectado, casa adentro, en lo que va del año. Los indicios de responsabilidad señalaban a trabajadores de la entidad.

El perjuicio detectado en estos casos, entre abril y mayo últimos, llegó a USD 270 000. Lo curioso es que ningún otro familiar de los afectados ha presentado su reclamo al IESS.

Posiblemente, aún no se dan cuenta de ello, dijo el Director Provincial, quien inició la investigación desde la denuncia presentada por la familia Ron Ortiz.

“Se hizo una auditoría a través de nuestro ‘software’ y encontramos 68 desvíos de fondos que hizo un funcionario”, destacó. En esta investigación, el IESS comprobó que el 98% del personal es honesto, “pero hay un 2% que nos causa dolor de cabeza y tenemos que separarlos”, dijo.

El caso de desvío de fondos se mantiene en etapa de indagación previa y lo sigue el fiscal José Coéllar Punin, de la Unidad de Delitos Financieros, Lavado de Activos y Anticorrupción.

El IESS inició procesos administrativos para separar de sus cargos a funcionarios involucrados. Aunque los implicados, en este y otros dos casos, siguen en la nómina. Pero ¿cuál fue su forma de operar?

El IESS cree que cuando llegaba la nota de defunción de un afiliado, el funcionario de Fondos de Terceros ingresaba a esa cuenta para averiguar el valor que contenía. Luego, registraba en Historia Laboral una nueva cuenta bancaria que era abierta en una agencia financiera a nombre de otra persona. Para el desembolso, avalaban la idoneidad de la cédula de identidad del fallecido. Solo que esta ya se encontraba adulterada.

El proceso judicial es largo, pero la familia de Ron decidió sentar precedente: presentará una demanda contra el IESS, si no hay respuesta para la devolución del dinero. “No solo es por eso, sino por la tranquilidad del afiliado”. Es el clamor de Dolores. 

 2 casos flagrantes se indagan  

Otros dos casos de presunta estafa y acto doloso siguen su curso ante la  justicia.  Estos fueron descubiertos hace tres meses por autoridades del IESS. 

En uno hubo   clonación de claves para retirar préstamos quirografarios, y en otro,  suplantación de documentos para retirar fondos de reserva. Una investigación interna descubrió 35 casos ocurridos en  cuatro años.

El primer caso ya obtuvo, el pasado 14 de julio, un dictamen por parte de la fiscal quinto  de lo Penal, Zobeida Conforme. Se trata del juicio penal nro. 633-2010 contra Carlos  González Peñafiel y Franklin Rivero Guzmán.

Ambos fueron acusados por  utilización dolosa de documentos falsos. González fue detenido en acto flagrante cuando intentaba cobrar un préstamo quirografario, en una entidad bancaria con documentos a nombre otro afiliado. Él está detenido y fue acusado por la fiscal.

 En el caso de Rivero, hubo un dictamen abstensivo. Por ser él un funcionario público, su caso debe ser trasladado al ministro fiscal provincial del Guayas.

El funcionario debe revisar el dictamen abstensivo; es decir, si lo avala o pide una revisión.

 En el otro caso, el juez IV de Garantías Penales, Jorge Mestanza, negó este mes el pedido de caución o fianza interpuesto por la defensa de   Xavier Idiarte Salcedo,  en el juicio nro. 09254-2010-0690.

Idiarte, del Departamento de Historia Laboral del IESS, fue detenido en abril pasado. Después el juez, mediante audiencia, cambió la detención por una medida alternativa: no puede salir del país.    Idiarte afronta un proceso junto con David Pérez Rivas, por supuesta asociación ilícita para delinquir.   

 

¿Quién devolverá el dinero?

Después del escándalo generado por los desvíos de fondos en el IESS, existe la inquietud sobre  quién responderá por el perjuicio económico a los afiliados.  

El presidente del Directorio del IESS, Ramiro González, considera que la justicia debe determinar la culpabilidad de los acusados, para luego ver los mecanismos de devolución. 

El problema es que González duda de la justicia. ¿De qué sirve tanto control interno que hacemos, si luego un juez decide liberar a uno de los detenidos?

Se refiere a la liberación de José Salas, un hombre de la tercera edad, quien tramitaba claves de forma irregular, previo al desvío de los fondos.

El jurista José Pinoargote Gutiérrez, experto en demandas civiles y penales, explicó que en estos casos es el Estado el llamado a responder por anomalías detectadas en las instituciones públicas. Ello independientemente del juicio que se siga. 

El artículo 11, numeral  9, de la Constitución de la República establece lo siguiente: “El Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos”.

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