4 de septiembre de 2016 00:00

La pensión del jubilado depende de modelos imperfectos

Un trabajador chileno participa en la marcha de protesta realizada en julio pasado contra de las administradoras de fondos privados (AFP), por las bajas pensiones a los jubilados. Foto: AFP

Un trabajador chileno participa en la marcha de protesta realizada en julio pasado contra de las administradoras de fondos privados (AFP), por las bajas pensiones a los jubilados. Foto: AFP

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César Augusto Sosa

El 4 de noviembre de 1980, Chile creó el primer sistema de pensiones basado en el libre mercado. Lo llamó ‘sistema de capitalización individual’. Desde hace 36 años, el trabajador chileno puede elegir la empresa privada que administre su cuenta de ahorros para la vejez. Es decir, su pensión dependerá de cuánto acumuló durante su vida laboral.

Han pasado casi cuatro décadas y la propuesta del entonces ministro de Trabajo chileno, José Piñeira, en la dictadura de Augusto Pinochet, se ha mantenido. Los gobiernos socialistas que llegaron al poder a partir de la década de los 90 han optado por mantener este sistema liberal.


La propuesta chilena fue la alternativa al único modelo que existía hasta ese entonces -llamado de reparto-, creado hace 126 años por el canciller alemán Otto von Bismarck. Alemania fue el primer país en el mundo en adoptar un programa de seguro social para la vejez, con aportes de trabajadores, empresas y Estado. Este modelo se extendió por el mundo, incluido Ecuador.


Pero ninguno de los dos modelos parece ser la solución perfecta para solucionar el principal problema que tiene un jubilado: garantizar su independencia económica, es decir, no depender de terceros para cubrir sus gastos. 
Hace dos semanas, miles de chilenos salieron a las calles para pedir el fin del sistema privado de pensiones, por considerar que las que reciben son muy bajas. Además, un grupo de seis legisladores presentó un proyecto de ley para terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y regresar a un sistema público y solidario, es decir, al sistema de reparto que existía antes de 1980.

La respuesta del Gobierno chileno, en manos socialistas, ha sido mantener el sistema liberal, pero incorporar una AFP estatal, que genere competencia e incorpore la “solidaridad” que caracteriza al sistema de reparto. En cualquier escenario, lo que se viene es un aumento de aportes de los trabajadores, ya que las pensiones deben ser financiadas por alguien, sea trabajador, empresario o Estado.
 Pero en los países europeos el sistema de reparto también está bajo presión.

El número de jubilados crece más rápido que el de los trabajadores activos, quienes son los encargados de pagar las pensiones de los actuales jubilados. 
Cuando eso sucede se corre el riesgo de dejar de pagar las pensiones a los futuros jubilados, lo cual significaría una crisis social, económica y política para cualquier gobierno. De hecho, eso sucedió en Chile y por eso se optó por un cambio radical en el modelo. 
Pero en Alemania, donde se ha mantenido el sistema de reparto, actualmente se debaten medidas para hacerlo sostenible. El Bundesbank propuso el mes pasado elevar la edad de jubilación hasta los 69 años para aliviar la carga que sufre el sistema de pensiones.

La reforma prevé el incremento gradual de la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años para 2030, y hasta los 69 en el año 2060. 
Pero esa medida será insuficiente, por lo que también se analiza un incremento de la contribución por parte de los ciudadanos hasta el 22%.
En Estados Unidos, el sistema de pensiones tiene un componente que lo cubre el Estado, pero se complementa con fondos de ahorro privados, donde las empresas privadas contribuyen para mejorar las pensiones de los trabajadores. 
Pero en cualquier sistema de pensiones la palabra clave es la sostenibilidad. Esto significa equilibrar los aportes actuales con las pensiones futuras, una tarea complicada para países que privilegian el corto plazo y que no tienen una cultura del ahorro como Ecuador.


El fondo de pensiones que maneja el Seguro Social (IESS) está desequilibrado porque el Estado dejó de aportar el 40% y se incorporaron más obligaciones sin el respectivo financiamiento. Y como ya ha sucedido en otros países, la única forma de equilibrarlo será aumentando los aportes y elevando la edad de jubilación.

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