8 de octubre de 2017 00:00

Las penas por daños al ambiente son debatidas

La pesca incidental es un tema que preocupa a colectivos ambientalistas. Fotos: Cortesía UPMA y Archivo EL COMERCIO

La pesca incidental es un tema que preocupa a colectivos ambientalistas. Fotos: Cortesía UPMA y Archivo EL COMERCIO

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Redacción Tendencias

Ecuador es conocido por ser uno de los países megadiversos del mundo, pero las amenazas a su flora y fauna son un problema que persiste. Esto ha dado paso a los cuestionamientos sobre la necesidad de sanciones más severas.

Desde enero hasta agosto de este año, la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional ha retenido 2 941 ejemplares de fauna silvestre, ha decomisado 36 641 recursos marinos y ha detenido a 68 personas por delitos ambientales en todo el país. Esto corresponde a lo que establece el artículo 247 del Código Integral Penal (COIP).

Este instrumento indica que “la persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con la privación de libertad de uno a tres años”.

José Ricardo Yánez, jefe de la UPMA, explica que se inicia un proceso penal si las especies retenidas están catalogadas como En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Si los animales hallados están fuera de estas categorías, se inicia un proceso administrativo por parte del Ministerio del Ambiente, que implica una sanción o multa.

Según Yánez, el tráfico de vida silvestre trasciende fronteras y, a escala internacional, supera a la trata de personas.

Para María Amparo Albán, experta en legislación ambiental, existe la necesidad de aclarar las normas técnicas y revisar algunas sanciones, como las relacionadas con la comercialización ilegal de vida silvestre, que “aún son bajas”. Apenas un porcentaje mínimo de los casos se procesa, y otro más pequeño llega a sentencia.

Hugo Echeverría, abogado ambiental y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, coincide en que es necesaria una reforma. Nuestros países vecinos -dice- establecen sanciones por estos delitos de hasta nueve años. Según Echeverría, considerando que Ecuador reconoce derechos constitucionales a la naturaleza, “hay que preguntarse si esta pena es realmente proporcional a la gravedad de la infracción”.

Retenciones
Los agentes de Policía especializados en estos temas cuentan con una lista para identificar el nivel de conservación a la que pertenecen las especies.

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