6 de septiembre de 2017 00:00

Pacientes con cáncer acuden a los jueces para tener fármacos

Una paciente narra todas las dificultades que enfrenta para acceder a los medicamentos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Una paciente narra todas las dificultades que enfrenta para acceder a los medicamentos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Elena Paucar
Redactora
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La gripe que le diagnosticaron en un dispensario era en realidad cáncer de pulmón. Lo supo en noviembre del 2016, en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), en Guayaquil.

Tuvo que ir a ese centro oncológico porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le daba cita con un neumólogo en abril. En Solca, luego del análisis y biopsias, le dieron tres meses de vida.

Andrés -prefiere que le digan así para no dar su nombre- es un jubilado de 71 años. Al verlo nadie pensaría que tiene una enfermedad mortal que lo dejó casi esquelético y en una silla de ruedas después de 12 sesiones de quimioterapia.

El cáncer no dio tregua y el Comité de Tumores de Solca le recomendó Afatinib, una terapia dirigida con certificaciones en EE.UU. y Europa. En abril comenzó a tomar una pastilla diaria y desde entonces mejoró: ganó peso, bajaron los marcadores tumorales y volvió a conducir su auto.

No ha tenido efectos adversos, pero el costo es una complicación. Por cada caja de 28 pastillas ha tenido que pagar USD 2 500. “El dinero ya no me alcanza. Mi familia me ayudó y hasta hice préstamos al propio IESS”, cuenta Andrés.

Por momentos respira profundo frente a un computador en el que redactó la medida cautelar que presentó ante un juzgado para que el IESS asuma el gasto de la medicina. Hace dos semanas sus pastillas se acabaron y el malestar volvió.

Las medidas cautelares son conocidas como demandas de muerte súbita porque son analizadas en menos de 10 días.

El abogado Santiago Guarderas explica que se emplean ante posibles amenazas a los derechos constitucionales, como la atención especializada, gratuita, oportuna y preferente para personas con enfermedades catastróficas, como cita el art. 50 de la Constitución.

A través de estas demandas, seis personas han accedido a fármacos como Enzalutamida (para el tratamiento de cáncer de próstata) y el Afatinib, que no son parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB). Andrés ingresó su demanda la semana pasada.

“Son medicinas que cuestan entre USD 3 000 y 4 000 -dice Guarderas-. Muchos de quienes recurren a esta medida son jubilados, que han aportado por 35 años o más. Y ahora que necesitan del Seguro, no obtienen ayuda oportuna”, reclama.

El viernes, el presidente del IESS, Richard Espinosa, se detuvo frente a la percha de medicina oncológica en las bodegas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Ese día aseguró que cuentan con los 787 tipos de fármacos del CNMB, entre ellos medicina para males catastróficos.

Y reconoció que también entregan medicina por fuera del cuadro, siempre y cuando pase por la aprobación de una comisión técnico-científica que verifique su eficacia y eficiencia.

La hermana de Asunción esperó que una comisión de ese tipo aprobara el Sorafenib, por un tumor en el hígado. El trámite empezó en agosto del 2016 en el IESS y pasó al Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad que maneja la política nacional de medicamentos.

Luego de tanto insistir, el 2 de marzo le dieron dos cajas de 60 pastillas cada una, valoradas en casi USD 5 000. 22 días después, la maestra jubilada falleció. “Doné las pastillas a una fundación”, cuenta Azucena.

Por esa espera también pasaron Andrés y Juan, otro jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón en diciembre del 2016. Por su edad -va a cumplir 90 años-, la quimioterapia no era lo mejor; así que una junta médica le prescribió Afatinib. Su familia hizo el pedido al IESS y ante el extenso trámite optaron por una medida cautelar que les resultó favorable.

“Lamentablemente, este recurso se presenta de forma individual -dice el abogado Guarderas, quien siguió el caso de Juan-. Pero el Ministerio de Salud debería adoptarlos como política general y decir: suficiente con uno de estos casos, entreguemos la medicina a todos. A mi criterio, detrás de esto hay un tema económico”.

El presidente del IESS explica que solo en atención de afiliados con cáncer han destinado más de USD 640 millones (entre 2012 y 2016). Y cree que existe manipulación. “Hay farmacéuticas que tratan de hacerse millonarias a costa de generar falsas expectativas en los pacientes (…). Los ecuatorianos no somos ratones de laboratorio”. Es la frase que ha reiterado en las últimas semanas.

Andrés lo ha oído y dice enérgico que él no es un conejillo de indias. Simplemente, dice, quiere seguir con vida. Pero la semana pasada su médico tratante le advirtió que ya no le recetaría el Afatinib.

El motivo es el nuevo reglamento para autorizar la adquisición de medicina que no está en el CNMB, emitido el 4 de agosto por el MSP. La solicitud en adelante debe incluir formularios, pruebas científicas, hasta declaraciones juramentadas del médico “de no haber recibido pagos de la farmacéutica productora del medicamento que prescribe”. El pedido pasará por al menos tres direcciones del Ministerio, con plazos de 40 días.

Pese a todo, este lunes Andrés volvió a respirar con tranquilidad. Tras una audiencia en Guayaquil, un juez acogió su medida cautelar. Ahora espera recibir sus pastillas, gratuitamente.

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